La oposición política del país criticó ayer las disposiciones del decreto 1-24, firmado el martes por el presidente Luis Abinader para regular la publicidad del Gobierno en este año electoral, al considerar que con esto el mandatario les da la razón a las críticas que han venido haciendo desde hace un tiempo sobre lo que tiene que ver con el gasto que hace el Estado en este renglón.
El publicista y miembro del Comité Central del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charli Núñez, consideró como “engañoso y demagógico” el decreto número 1-24 que regula la publicidad gubernamental, al afirmar que lo que procura el presidente Luis Abinader, “en complicidad con los funcionarios que tienen vínculo directo con el tema, es confundir una vez más a los dominicanos”.
“La primera gran mentira y quiero suponer que es, le están hablando mentiras a él, es que la inversión publicitaria es de 3,594 millones en el 2023”, dice Núñez en referencia al jefe del Gobierno.
En ese sentido, dijo que es un “gran engaño” el tipo de publicidad permitida que, según el decreto, debe ser institucional y promover valores.
“Mande a desmontar todas esas vallas con la imagen suya promoviendo logros que el porcentaje mayor no es suyo, o las puede dejar, pero páguelas de sus bolsillos”, recomienda, también procurar un equipo que no sea el suyo, que le analice de verdad lo que gasta el Gobierno en publicidad y cuando eso ocurra, ver la suspensión de los contratos”, puntualizó.
El publicista conmina a auditar lo que se invierte, investigar a los prestanombres para contratos publicitarios por doquier e invita a evaluar los montos que “cobran ciertos comunicadores y ciertos medios”.
A juicio del diputado del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Luis Henríquez, el decreto “es una cortina de humo del presidente de la República para no darle la razón a la oposición” que ha planteado, en diferentes ocasiones, que el Gobierno “está usando los recursos del Estado por medio de la publicidad para buscar cómplices de que puedan vender la percepción de su política de gobierno”.
“El debió de haber manifestado esta visión, este punto de vista desde la elaboración del presupuesto cuando pusieron las partidas en más de 11 mil millones de pesos para el gasto de publicidad. Yo le hago una propuesta, presidente, si de verdad quiere dejar institucionalizada y regulada de manera formal la publicidad del Estado, aproveche su mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado y mande ese decreto para convertirlo en ley”, manifestó.
La opinión expresada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, es que el decreto 1-24 es una acción más del Luis Abinader austero que todo el mundo conoce que ha dicho y demostrado cómo se manejan los recursos públicos. “Al presidente Luis Abinader, todo el mundo ha visto con el plan de austeridad que ha manejado los recursos públicos desde que llegó, lo celoso que ha sido en todas las instituciones. Lo que a nosotros no nos debe sorprender”, expresó.
Mientras que el diputado del PRM por La Romana, entiende que es una medida sana que va en consonancia con un proyecto de ley que ha sometido ante el Congreso Nacional desde hace un tiempo. Afirma debió incluirse que en la disposición que la imagen de los funcionarios no aparezcan en las publicaciones resaltando las acciones del Gobierno como suyas.
El contenido del decreto 1-24 emitido el martes
El presidente Luis Abinader emitió el martes el decreto 1-24 con el que se regulará la publicidad oficial o estatal con el fin de evitar distorsiones con la promoción de mensajes con fines propagandísticos y el uso de los recursos del erario para tales fines.
El mandatario definió esto como “una camisa de fuerza” y un mensaje claro de que “hay que respetar los recursos del Estado”, tras indicar que el decreto se estuvo preparando hace cuatro meses.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que las disposiciones de este decreto son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo y que a partir de ahora la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía.
Pimentel apuntó que no se podrá utilizar tampoco la publicidad oficial con propósitos propagandísticos para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no.
