El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió ayer a la Junta Central Electoral (JCE) una revisión a la resolución 33-19 que regula la participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas.
Mediante una instancia, el delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera y el miembro de la comisión ejecutiva de esa organización, Tony Raful, solicitaron a la JCE una ampliación de esa resolución para incluir una serie de prohibiciones, por considerar que con la orden dictada por el órgano electoral en noviembre pasado, ha sido difícil delimitar o deslindar las competencias del funcionario del político.
Dentro de los puntos que el PRM pidió se encuentra que los funcionarios abstengan de participar en programas de televisión durante las horas de trabajo; recibir donaciones, directa o indirectamente de empresas u oferentes del Estado; limitar el incremento de cotización de publicidad y de personal temporal, y otras 9 medidas más.
El documento que depositaron en la Junta señala que la resolución 33-19 no satisface el mandato de la ley porque pese a ella “continúa el abuso de recursos del Estado por parte de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana”, así como el incremento de gastos en publicidad, además de que ven que los funcionarios no respetan su horario de trabajo.
