CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Dos días después de que anunciara una petición para retirarle la inmunidad por presuntas irregularidades durante su campaña, el presidente Jimmy Morales ordenó expulsar de Guatemala al comisionado anticorrupción de las Naciones Unidas, Iván Velásquez, y sumió a su gobierno en la peor crisis desde que asumió el poder.
Para un presidente que hizo del combate a la corrupción uno de sus principales lemas de campaña luego de que su antecesor se viera forzado a renunciar y terminara en la cárcel por una investigación del mismo comisionado, la decisión de sacar del país a Velásquez desató una andanada de críticas dentro de su país -incluida la ministra de Salud que renunció en protesta – y de miembros de la comunidad internacional.
Apenas el viernes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que encabeza Velásquez, y la fiscal Thelma Aldana, anunciaron que Morales presuntamente ocultó información de financiamiento ilegal de su partido durante la campaña que lo llevó a la presidencia en enero de 2016. El presidente ha negado cualquier irregularidad, pero la decisión de retirarle la inmunidad para poder investigarlo está ahora en manos del Poder Judicial, que deberá tomar una decisión en los próximos días.
Hace unos meses, el mismo comisionado Velásquez investigó a José Manuel Morales y a Samuel Morales por un caso de corrupción: hijo y hermano del presidente, respectivamente.
Pese a que fueron muchas las voces de sociedad civil y del mismo gobierno que le pidieron no hacerlo, Morales anunció la mañana del domingo en un video divulgado por Twitter su rechazo al trabajo y permanencia de Velásquez en el país. Dijo que lo hacía “por lealtad a la patria”. La decisión ocurrió tres días antes de que sus familiares vayan a juicio.
Y entonces vinieron las críticas, e incluso un movimiento para detener su decisión: la Corte de Constitucionalidad detuvo la decisión otorgando dos amparos provisionales para evitar la expulsión de Velásquez, un abogado colombiano. Horas después, Morales desconoció el fallo del máximo órgano constitucional del país.
“Está basado en sus propios intereses”, dijo Jo-Marie Burt, de la organización Washington Office on Latin America y profesora de la escuela de políticas públicas y gobierno en la universidad George Mason, sobre el movimiento del presidente guatemalteco.
El exvicepresidente Eduardo Stein (2004-2008) coincidió y consideró que tuvo un mal manejo de la situación política. “Hay intereses muy de tipo personal al querer declararlo non grato por las investigaciones realizadas a su familia, al mismo partido y al propio presidente”, dijo.
Apenas el viernes, el mismo día que la CICIG anunciaba el pedido para retirarle la inmunidad, Morales estuvo en las Naciones Unidas. No trascendió demasiado sobre la reunión, pero la ONU señaló ese día en un comunicado que el secretario general António Guterres “reiteró su confianza” en el jefe de la CICIG.
La CICIG es un órgano de Naciones Unidas creado hace 10 años para combatir la corrupción en el país y ha sido clave en el procesamiento de distintas figuras, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión actualmente.
Rafael Espada, otro exvicepresidente guatemalteco (2008-2012), consideró que la decisión de Morales fue “precipitada”. El mandatario, dijo, “está bajo la presión porque podría ser llevado a los tribunales”.
La crisis empezó a generarse la semana que pasada cuando informaciones de prensa daban cuenta que Morales iría a la ONU para pedir la salida de Velásquez, algo que el gobierno negó.
Según Morales, Velásquez se extralimitó en sus funciones y su mandato. Además, dijo en un mensaje a la nación, “intentó presionar a los diputados a aprobar las reformas al sector justicia”.
Diversos sectores han dejado solo a Morales, entre ellos el procurador de Derechos Humanos, la fiscal General, la Iglesia Católica, la Premio Nobel de La Paz Rigoberta Menchú y la comunidad internacional, que han mostrado su apoyo a Velásquez.
Las preocupaciones por la situación del país cruzaron rápido las fronteras. El domingo por la tarde, la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Heather Nauert, señaló en una declaración que el gobierno de Estados Unidos estaba «profundamente preocupado» por la decisión de Morales.
La portavoz añadió que Velásquez ha sido un líder efectivo de la Comisión y que «sigue siendo crucial que se le permita (al organismo) trabajar libre de interferencias por parte del gobierno guatemalteco».
La fiscalía cree que Morales debe ser investigado y podría ser responsable de delitos de financiamiento electoral ilícito durante su campaña en 2015. Morales, que llegó a la presidencia con el lema de “Ni corrupto ni ladrón”, habría ocultado informes y contabilidad por unos seis millones de quetzales (más de 800.000 dólares). La fiscalía asegura que también se ocultó la información a los financistas de dicho partido.
En caso que la Corte Suprema de Justicia lo avale, el Congreso será el encargado de retirarle la inmunidad.
El domingo 3.000 personas manifestaron en favor de Velásquez, reclamando su permanencia en el país. Un grupo menor, de unas 100 personas también se manifestaron en contra del comisionado.
“Lo que está haciendo es tratar de desarticular todas las investigaciones contra la corrupción que se han llevado a cabo a manera de mantener las estructuras paralelas en el poder”, consideró Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, una organización que vela por la transparencia del gasto público y que también ha solicitado un nuevo antejuicio a Morales acusándolo de abuso de poder y obstrucción a la justicia por su decisión contra Velasquez.
