Brian DePeña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, pasó de emigrar desde República Dominicana en una yola rumbo a Puerto Rico a convertirse en empresario, concejal y posteriormente en el principal ejecutivo de una de las ciudades con mayor población latina de ese estado.
Este viernes, a sus 61 años, fue arrestado por agentes federales y acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, en un caso relacionado con más de 1.6 millones de dólares en préstamos destinados a pequeñas empresas afectadas económicamente durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los cargos deberán ser probados ante un tribunal y DePeña mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
De Santo Domingo a Estados Unidos
DePeña nació en Santo Domingo, aunque creció en Miches, provincia El Seibo, junto a sus padres y hermanos. Según la información publicada en su página de campaña de 2025, cursó allí la educación primaria y secundaria antes de regresar a Santo Domingo, donde estudió Hostelería en la Escuela de Hostelería de la Cadena Dominicana Concord.
Antes de emigrar trabajó como encargado de costos en el Hotel Caribeño, ubicado en la intersección de las avenidas Duarte y 27 de Febrero.
Posteriormente decidió emprender el viaje hacia Puerto Rico en una yola, motivado, según ha relatado, por uno de sus hermanos. En una entrevista con la comunicadora Marianne Cruz explicó parte de su recorrido migratorio antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos.
En una entrevista concedida a Univision el mes pasado, DePeña recordó que llegó al país como inmigrante indocumentado.
“Yo fui un inmigrante indocumentado en este país. Yo llegué aquí y no tenía papeles”, expresó durante la conversación.
Según sus relatos públicos, permaneció cerca de dos años en Puerto Rico antes de trasladarse a Nueva York, donde vivió durante aproximadamente 13 años y trabajó en la construcción y el mantenimiento de edificios.
En 1989 decidió mudarse a Lawrence, Massachusetts, junto con sus hijos mayores, con el propósito de construir un mejor futuro para su familia.
De empresario a alcalde
En Lawrence abrió su primer negocio, Brian’s Hardware, una ferretería que, según ha contado, fue la primera propiedad de latinos en el centro de la ciudad. Junto a su padre desarrolló el negocio y posteriormente adquirió varias propiedades comerciales.
Actualmente es propietario de Tenares Tire Services, empresa dedicada a la venta de neumáticos y servicios automotrices, así como de DePeña Auto Services.
Su incursión en la política comenzó a principios de la década de 1990, en un contexto de crecimiento de la población latina en Lawrence. DePeña asegura que participó en numerosas campañas antes de presentar su propia candidatura.
En 2015 decidió aspirar al cargo de concejal general de la ciudad y ocupó esa posición durante dos mandatos. Fue elegido alcalde de Lawrence en noviembre de 2021 y reelegido en noviembre de 2025.
Está casado con Dilenny DePeña, con quien tiene siete hijos y cinco nietos.
¿De qué lo acusan?
La Fiscalía Federal de Massachusetts acusa a DePeña de obtener fraudulentamente fondos del programa de préstamos por perjuicios económicos causados por desastres, conocido como EIDL, administrado para ayudar a pequeñas empresas que enfrentaron dificultades financieras durante la pandemia.
Según la denuncia penal, los préstamos fueron solicitados para Tenares Tire Services Inc. En 2020, la empresa obtuvo inicialmente 150,000 dólares y, en 2021, el monto fue aumentado hasta 500,000 dólares. Posteriormente, una nueva modificación elevó el total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.
Los investigadores alegan que, tras recibir los fondos, aproximadamente 1.15 millones de dólares fueron transferidos desde la cuenta bancaria de Tenares Tire a una cuenta personal de DePeña.
De acuerdo con la acusación, parte del dinero habría sido utilizado para pagar unos 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales y aproximadamente 132,000 dólares habrían sido destinados a aportes para su campaña electoral a la alcaldía.
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La denuncia también señala que otros 883,293 dólares fueron utilizados para saldar préstamos de alto interés garantizados por propiedades inmobiliarias de DePeña. Entre estos figuran un pago de 538,109.03 dólares para cancelar un préstamo relacionado con la compra de una propiedad en Lawrence y otros 345,184.13 dólares para pagar una segunda deuda inmobiliaria.
Fondos con uso limitado
La Fiscalía explica que los préstamos EIDL estaban financiados por los contribuyentes y dirigidos a pequeñas empresas elegibles que enfrentaron perjuicios económicos significativos como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Según las condiciones del programa, los fondos debían utilizarse como capital de trabajo para mitigar esos perjuicios. Las autoridades sostienen que no podían destinarse al financiamiento de campañas políticas, al pago de impuestos personales ni al pago o refinanciamiento de determinadas deudas.
Los investigadores alegan que DePeña certificó en varias ocasiones que el dinero sería utilizado para aliviar los daños económicos provocados por la pandemia.
A pesar de haber recibido alrededor de 1.65 millones de dólares, la denuncia señala que hasta el 5 de agosto de 2026 solo se habían realizado 16 pagos por aproximadamente 130,160 dólares, todos aplicados a intereses, mientras el principal pendiente se mantenía cercano al monto original.
Comparecencia ante el tribunal
DePeña compareció por primera vez ante un tribunal federal de Boston la tarde de este viernes. Según Associated Press, fue puesto en libertad bajo varias condiciones, entre ellas entregar su pasaporte y no solicitar nuevos préstamos sin la aprobación del tribunal.
A su salida del tribunal, respondió “Dios los bendiga” cuando fue preguntado sobre una posible renuncia al cargo de alcalde, sin ofrecer otros comentarios, según informó la agencia.
La denuncia penal establece que las autoridades consideran que existe causa probable para presentar cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Sin embargo, las alegaciones de la Fiscalía deberán ser demostradas durante el proceso judicial y corresponderá a un tribunal determinar su responsabilidad penal.
