Santiago. Un informe técnico concluyó que las concesiones mineras ubicadas en la cordillera Septentrional representan un riesgo ambiental, hídrico y territorial de gran magnitud.
El informe elaborado por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana recomienda la anulación de las autorizaciones otorgadas y el rechazo de nuevas solicitudes en zonas consideradas críticas.
El documento, presentado en junio de 2026 bajo el título “Informe de Línea Base Ambiental, Hidrogeológica, Ecológica y Territorial para Decisiones de Ordenamiento Territorial y Evaluación de Compatibilidad de Concesiones Mineras”, analiza las áreas de Cobre El Hoyazo II, Monte Hoyazo y Lluvia de Oro, ubicadas en la Cordillera Septentrional, una región que abastece de agua a miles de personas y alberga ecosistemas de alta sensibilidad ambiental.
Los expertos sostienen que la discusión sobre la minería en esta zona trasciende la existencia de minerales o la legalidad de las concesiones y debe centrarse en la compatibilidad de la actividad extractiva con las funciones ecológicas y de producción de agua que desempeña la cordillera.
Informe científico
El informe identifica a la cordillera Septentrional como una infraestructura natural estratégica que regula el agua, el clima local, los suelos, la biodiversidad y la economía rural de gran parte de la región Norte.
Según la investigación, en el área coinciden cabeceras de cuencas, nacimientos de ríos, acuíferos fracturados, sistemas kársticos, bosques húmedos y nublados, zonas de recarga hídrica y corredores biológicos que sostienen comunidades, agricultura, turismo y ecosistemas costeros.
Entre los sistemas hídricos que podrían verse afectados figuran los ríos Yásica, Bajabonico, Cabía, Jamao y numerosas microcuencas y manantiales que abastecen acueductos rurales y actividades productivas.
Los especialistas advierten que cualquier alteración en las zonas altas de estas cuencas podría traducirse aguas abajo en turbidez, contaminación, pérdida de caudal, sedimentación y afectaciones a ecosistemas costeros y comunidades dependientes de esos recursos.
Recomiendan suspender toda intervención
La línea base plantea que no debe permitirse ninguna intervención física en el territorio hasta que existan estudios independientes y verificables sobre hidroquímica, biodiversidad, conectividad subterránea, drenaje ácido de roca, sismicidad y efectos acumulativos.
Entre las investigaciones exigidas figuran inventarios de manantiales y captaciones, pruebas de trazadores para determinar conexiones entre acuíferos y ríos, análisis de calidad de agua por estaciones climáticas, caracterización geoquímica de minerales sulfurados y modelos hidrogeológicos detallados.
Los autores sostienen que la ausencia de esa información no reduce el riesgo, sino que lo incrementa, especialmente en territorios donde el agua subterránea puede desplazarse rápidamente a través de fracturas y formaciones kársticas. La investigación también advierte sobre posibles impactos en bosques húmedos y nublados.
Temen que riesgo puede empezar con exploración
El informe indica que la posible presencia de minerales sulfurados asociados a cobre, oro, plata, zinc y otros metales, y de acuerdo con el análisis geológico, la exposición de estas rocas al oxígeno y al agua puede generar drenaje ácido y liberar metales capaces de contaminar ríos y suelos.
Los expertos enfatizan que ese riesgo puede comenzar desde la etapa de exploración mediante perforaciones, zanjas y caminos de acceso.
