La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 aprobó el protocolo que establece los procedimientos para la aplicación de esa normativa, con el objetivo de iniciar el proceso de reconocimiento y pago de las deudas del Estado a contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
La decisión fue adoptada durante la primera sesión de trabajo de la comisión creada por la Ley 16-26, integrada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Durante el encuentro, los miembros aprobaron las medidas que servirán de base para la implementación de la ley, definiendo el marco operativo que permitirá revisar, evaluar y tramitar las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y eficiencia administrativa.
El protocolo aprobado establece los procedimientos, criterios técnicos y requisitos que deberán cumplir los expedientes para su evaluación, con el propósito de garantizar un proceso uniforme, ágil y de conocimiento público, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, la comisión dispuso remitir el protocolo a los veedores y a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16-26, a fin de asegurar la correcta implementación de los procedimientos establecidos y facilitar la supervisión de cada etapa del proceso.
