Los representantea de la empresa Dekolor S.R.L. negaron los señalamientos del Ministerio Público y defendieron la legalidad del contrato bajo investigación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
En la audiencia preliminar del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la jueza Yanibet Rivas, el abogado de la compañía explicó que los fondos utilizados en el proyecto estaban previstos dentro de la Ley General de Presupuesto, específicamente en el capítulo 51.
En ese sentido, sostuvo que no es válido hablar de lavado de activos ni de sobrevaluación, debido a que los montos ejecutados no exceden lo autorizado por el Congreso.
Asimismo, explicó que el contrato fue resultado de una licitación pública realizada conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Lo calificó como un “contrato marco”, lo que, según indicó, permite introducir ajustes administrativos sin necesidad de iniciar nuevos procesos de licitación.
En ese sentido, la defensa cuestionó la postura del Ministerio Público, al considerar improcedente exigir una nueva licitación cuando el contrato ya está en marcha y contempla cláusulas que permiten modificaciones.
Según la acusación, Dekolor S.R.L., empresa especializada en soluciones de identidad, biometría y licencias de conducir, ha establecido relaciones contractuales con distintas instituciones estatales desde 2004, incluido el Intrant, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El acuerdo bajo investigación fue suscrito en enero de 2020 con una vigencia de cinco años, e incluía la operación de 21 centros de servicio, el suministro de personal y equipos, así como la gestión tecnológica del sistema de emisión de licencias de conducir.
“Sin debida autorización”
Durante la audiencia, los abogados de la defensa también pidieron al tribunal excluir las pruebas materiales identificadas como números 7 y 8 dentro del expediente acusatorio, las cuales están relacionadas con la retención de dos cuentas bancarias en el Banco Múltiple BDI.
Los juristas Marino Feliz y Vicmary García sostuvieron que el Ministerio Público actuó de forma irregular al disponer la inmovilización de esos fondos. A su juicio, dicha medida se ejecutó sin la debida autorización judicial, lo que —según indicaron— constituye una vulneración al debido proceso y a los derechos fundamentales de la empresa representada.
De igual manera, la defensa planteó que, en caso de que el tribunal decida enviar el proceso a juicio de fondo, se admitan en su totalidad las pruebas aportadas por ellos, con el objetivo de sustentar la inocencia de la entidad.
Los imputados son acusados de estafa
En el caso de presunta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), los imputados —liderados por Hugo Beras, exdirector de la institución, y Jochi Gómez, vinculado a la empresa Aurix S.A.S.— son señalados como parte de una red que habría incurrido en estafa, desfalco y sabotaje. La investigación se centra en supuestas irregularidades relacionadas con un contrato de semaforización en el Gran Santo Domingo.
