Santiago. El jurista santiagués Ramón Antonio (Negro) Veras, denunció la puesta en práctica de mecanismos fraudulentos con apariencia de legalidad, para despojar de inmuebles a legítimos propietarios.
En ese sentido, lanzó una advertencia a bancos y entidades financieras ante esta práctica. “El verdadero dueño viene a darse cuenta cuando ya ha sido eliminado su nombre del certificado de título que reposa en la Oficina del Registrador de Títulos correspondiente”, apuntó Veras en un artículo de su autoría.
Indicó que en el despojo de los inmuebles, llevado a cabo por abogados y cómplices suyos, por lo general se hace figurar un aparente cesionario de crédito que es a nombre de quien se ejecuta la propiedad robada a su dueño legal y verdadero. En algunas ocasiones, agrega, que el falso persiguiente en el embargo inmobiliario es alguien a nombre de quien se ha obtenido una sentencia que lo hace acreedor de una suma de dinero que va a servir de base para la fraudulenta ejecución inmobiliaria.
Robo de propiedades
“El fin perseguido con el contenido de estas líneas no es crear un estado de alarma en el sector al cual las dirijo, sino llamarle la atención sobre algo que es de mi conocimiento, y sé que es posible que le afecte en el hipotético caso de que llegue a ser víctima”, puntualizó. El jurista expresó que si el terreno que interviene como objeto del fraude está gravado con una hipoteca en favor de un banco, financiera o cooperativa, en el engañoso proceso de embargo inmobiliario la acreedora es notificada en el aire, o sea, se simula que fue puesta en conocimiento.
Refiere que el despojo de inmuebles, que se inició en la Línea Noroeste, se ha extendido hasta Santiago, por lo que conviene que toda persona física o jurídica que ha sido despojada de sus bienes o acreencias, presente querella ante el Procurador Fiscal.
Exhorta a propietarios a vigilar procesos
Negro Veras expuso que los abogados que prestan sus servicios a dichas entidades financieras, así como cualquier propietario de inmuebles de gran valor económico, para evitar desagradables sorpresas, están en el deber de darle seguimiento permanentemente, a través de la Oficina del Registro de Títulos, a la situación legal de sus acreencias y propiedades.
