Tribunal Constitucional deja en estado de fallo varios expedientes

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) conoció 17 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública celebrada en la sede de esta alta corte.

Los jueces del TC dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0020, interpuesto por la Asociación Dominicana de Protección de Datos (ADPD), en contra del artículo 56, literal A, de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, del 3 de diciembre de 2002, así como el expediente TC-01-2025-0037, cuyo accionante, Wilkin Antonio Moreno Abreu, ataca la Ley núm. 45-25, que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y deroga la Ley núm. 496-06, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, del 28 de diciembre de 2006.

En el mismo estatus quedó el expediente TC-01-2025-0038, que tuvo como accionantes a la Fundación para la Promoción de Estudios Legales, INC. (FUNPREL), y al señor Manuel Alejandro Bordas Nina, que ataca el artículo 310 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, del 3 de agosto de 2025, y el TC-01-2025-004, en el que Yoelkis Berenice Pacheco Salazar ataca los artículos 120, 123, 127 y 129 del Código Civil.

También los expedientes TC-01-2025-0047, interpuesto por la Fundación para la Promoción de Estudios Legales, INC. (FUNPREL), contra el artículo 305 de la Ley Orgánica 74-25, de 3 de agosto de 2025, que instituye el Código Penal de la República Dominicana y TC-01-2025-0049, que tuvo como accionante ar Milciades Mayobanex Pepín Miranda, quien refutó los artículos 47, 48, 49, 124, 136, 185, 278, 299, 303, 304, 310, 351 y 352 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, del 3 de agosto de 2025.

Otro expediente que quedó en estado de fallo fue el TC-01-2025-0051, cuyos accionantes, atacan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 12 de la Ley 6-86, del 4 de marzo de mil 1986, que establece la especialización del 1 % sobre el valor de todas las obras construidas en el territorio nacional, incluidas las del Estado.