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El Estado dominicano ha tenido un ahorro de más de 8 mil millones de pesos, en un período de 4 años, producto de la implementación del programa Casas Comunitarias de Justicia (CCJ).

El programa tiene como metodología, la aplicación de la mediación familiar, comunitaria y escolar, así como la conciliación, lo cual contribuye con la disminución de la violencia, fomenta un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia pacífica.

Este hallazgo se desprende de un “Análisis del Impacto Económico y Social de las Casas Comunitarias de Justicia en la construcción de una cultura de paz en la República Dominicana 2017-2021”, elaborado por los consultores externos Oficina Sosa Montás S.R.L.

Agrega el informe que más de 500 mil usuarios se han beneficiado de esta iniciativa de la sociedad civil que inició en el año 2006 y que, 16 años después, permanece en siete municipios, un distrito municipal y el Distrito Nacional, con procesos de expansión a cuatro municipios del país.

Informe sobre las Casas Comunitarias

En el informe de dicho estudio se señala que el Centro Casas Comunitarias de Justicia (CCCJ), a través de su programa Casas Comunitarias de Justicia ha contribuido con RD$4,884.2 millones de pesos al Estado Dominicano, a lo cual se suman otros RD$3,044.6 millones que reciben los usuarios de los sectores vulnerables al recibir servicios gratuitos en las CCCJ, así como genera ahorros al sector empresarial o laboral cuantificados en 249 millones 165 mil 734 pesos, lo cual totaliza 8 mil 178 millones 11 mil 766 pesos.

“Las Casas Comunitarias de Justicia no solo juegan un papel importante, al contribuir a la construcción y mantenimiento de la convivencia pacífica entre familias, vecinos y ciudadanos/as, sino que también realizan un aporte económico al Estado, a los usuarios y al sector empresarial”, señala el informe.

Sostiene que el CCCJ constituye un soporte importante en el desarrollo social y económico de la sociedad dominicana y, sobre todo, a la permanencia de un estado de derecho de calidad para la democracia.
Este modelo surge en el país en año 2005, concretando su primera experiencia piloto en Cienfuegos, Santiago el 13 de octubre del año 2006.

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