Cientos de personas afectadas por el masivo fraude inmobiliario conocido como «Nido» exigen celeridad a la justicia dominicana. Con una estafa que asciende a más de RD$235 millones y US$10 millones, las víctimas han protestado frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, denunciando la preocupante lentitud del proceso judicial contra los implicados.
La Desesperación de las Víctimas Ante la Lenta Justicia
La señora Ángela Ferreira, una de las afectadas, expresó su profunda frustración y desesperación, destacando que el caso lleva dos años y medio sin avances significativos. Con pancartas en mano, Ferreira hizo un emotivo llamado a las autoridades judiciales para que aceleren el proceso, enfatizando su grave condición de salud.
Detalles de la Estafa y Pérdidas Millonarias
Ángela Ferreira desmintió categóricamente que el principal acusado, el empresario Emmanuel Rivera Ledesma, haya devuelto dinero a las víctimas. Ella calificó estas afirmaciones como un intento claro de limpiar su imagen. La señora Ferreira reveló haber sido estafada por 60,000 dólares y señaló que el fraude también afectó a otros miembros de su familia, quienes perdieron 27,000 y 55,000 dólares en diferentes operaciones. Lamentablemente, esta situación daña severamente la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
Los Acusados Clave y el Proceso Judicial en Curso
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lleva el juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el principal cabecilla de la red, y otros coacusados. Los implicados en este complejo caso incluyen a Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López. Además, las empresas Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos INDIARQ, S.R.L., y CRD Equipos Pesados, S.R.L., también figuran entre los acusados.
La Acusación del Ministerio Público: Una Red de Lujos y Engaño
Según el Ministerio Público, Emmanuel Rivera Ledesma lideraba esta red de estafa que operaba desde 2019. La acusación sostiene que Rivera Ledesma utilizaba su empresa para defraudar a cientos de personas, tanto dentro de la República Dominicana como en el extranjero. La fiscalía destaca que el fraude se facilitaba especialmente con las víctimas que residían fuera del país, ya que estas no podían verificar los avances de los proyectos de construcción prometidos.
Los implicados enfrentan graves cargos que incluyen estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, además de violaciones al Código Tributario. La fiscalía argumenta que los acusados buscaban financiar una vida de lujos con el dinero de sus víctimas, causando no solo un impacto económico en su patrimonio, sino también un gran daño emocional y afectando la imagen del país.
