Al menos 35.000 personas de todo el mundo han sido condenadas por terrorismo en la década que pasó desde los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos.
Pero mientras que algunos colocaron bombas en hoteles o autobuses, otros fueron detenidos sólo por agitar carteles políticos o bloguear sobre alguna protesta.
En el primer recuento jamás hecho de los procesos relacionados con la lucha mundial contra el terrorismo, The Associated Press comprobó que hubo un importante aumento en los procesos judiciales por este delito bajo leyes nuevas o modificadas, aprobadas a menudo a insistencia y con fondos de Occidente. Antes de los ataques del 11 de septiembre, apenas unos pocos cientos de personas eran condenadas por terrorismo cada año.
La cantidad de condenas, combinada con casi 120.000 arrestos, demuestra la importancia que le están dando las sociedades a la lucha contra el terrorismo y cómo esa batalla se está librando principalmente en los tribunales. Pero también revela que decenas de países están usando esa lucha como excusa para silenciar a la oposición y encarcelar a los rivales políticos.
La AP se valió de leyes que protegen la libertad de información en decenas de países, datos de los organismos policiales y cientos de entrevistas para identificar 119.044 arrestos bajo sospecha de terrorismo y 35.117 condenas en 66 países, que representan el 70% de la población mundial. Las cifras reales seguramente son más altas porque algunas naciones se negaron a suministrar información.
El recuento incluye 2.934 arrestos y 2.568 condenas en Estados Unidos, ocho veces más que las registradas en la década previa.
La investigación también mostró que:
— Más de la mitad de las condenas se produjeron en dos países que han sido acusados de apelar a leyes antiterroristas para combatir la oposición, Turquía y China. Tan solo en Turquía hubo 12.897 condenas, un tercio del total.
— La definición de terrorismo varía de país en país. China detuvo a más de 7.000 personas usando una definición que considera el terrorismo uno de los Tres Grandes Males. Los otros son el separatismo y el extremismo.
— La efectividad de los juicios por terrorismo también varía. Pakistán registró el incremento más grande de arrestos por este delito en años recientes, pero la información recabada por la AP indica que los ataques terroristas siguen en aumento. En España, donde la cantidad de condenas por terrorismo se mantiene estable, la organización separatista vasca ETA no realiza un atentado fatal desde hace dos años.
— El uso de leyes antiterroristas para acabar con la oposición puede ser contraproducente. Gobiernos autoritarios del Medio Oriente apelaron a severas leyes antiterroristas para mantener el orden, pero tropezaron con un alzamiento popular.
La investigación de la AP comienza a arrojar luz en torno a lo que sucedió con la guerra global contra el terrorismo lanzada por las Naciones Unidas con fuerte apoyo de Estados Unidos.
«En todo el mundo se ha reconocido que el terrorismo plantea un serio riesgo para la sociedad y que tiene que ser cortado de raíz», afirmó John Bellinger, quien en su condición de asesor legal del Consejo Nacional de Seguridad estaba en la Casa Blanca el día en que al-Qaida atacó las Torres Gemelas. «Además, más países autoritarios están usando la amenaza real del terrorismo como excusa y cobertura para reprimir abusando de los derechos humanos».
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Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos y las Naciones Unidas le declararon la guerra no sólo a al-Qaida sino al terrorismo en general. La ONU envió millones de dólares en ayuda y concedió lucrativos contratos para presionar a los países a que adoptasen o revisasen sus leyes antiterroristas. Nació así la expresión «guerra mundial contra el terrorismo».
Desde entonces, casi todos los países han aprobado o ajustado leyes antiterroristas.
En los últimos nueve meses reporteros de la AP en más de 100 países se empeñaron en comprobar cómo se estaban usando las leyes antiterroristas y con qué frecuencia. Algunas naciones dijeron que no tenían información, declararon que se trataba de un secreto o se mostraron renuentes a hablar del asunto por temor a empañar su imagen.
Las cifras recabadas demuestran hasta qué punto los países apelan a las leyes antiterroristas y lo delgada que es la línea divisoria entre el uso y el abuso.
Turquía, que tiene viejas rivalidades con la minoría curda, encabeza la lista que confeccionó AP con la cantidad de condenas por terrorismo y la velocidad con que crece el uso de esa legislación.
Una de las personas catalogadas de terrorista en Turquía es Naciye Tokova, una curda con dos hijos que vive en un pequeño pueblo del sudeste del país y que el año pasado enarboló un cartel que decía: «Un liderazgo libre y una identidad libre, o resistencia y venganza hasta el fin».
No sabe leer, de modo que probablemente no sabía lo que decía el letrero. Sostuvo que le pidieron que sostuviese un cartel que hablaba de la paz.
Fue condenada y sentenciada a siete años de prisión.
«Por supuesto que no soy una terrorista», declaró Tokova sobre un colchón en el piso de su casa. La mujer está apelando su condena.
Las condenas por terrorismo subieron de 273 en el 2005 a 6.345 en el 2009, el último año del que hay estadísticas, según informó el gobierno.
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El amplio uso que se le da a las leyes antiterroristas revela que la definición de terrorismo varía según el lugar.
«Si algo refleja cabalmente lo que constituye un acto terrorista inaceptable es el 11 de septiembre. Lamentablemente, sin embargo, una década después no estamos cerca de ponernos de acuerdo» en torno a una definición, expresó el profesor de derecho Kent Roach, de la Universidad de Toronto y autor de un libro sobre terrorismo a ser publicado en septiembre.
El mismo Estados Unidos está siendo criticado por supuestamente no tratar con justicia a los sospechosos de terrorismo, especialmente a los detenidos en Guantánamo, Cuba, y por no dar una definición clara de lo que constituye el terrorismo.
China tiene un estatuto antiterrorista, pero prefiere considerar el terrorismo parte de un vago delito que abarca todo lo que «ponga en peligro la seguridad del estado», al amparo del cual ha detenido a más de 7.000 personas, la mayoría de ellas en Xinjiang, de acuerdo con un informe anual del gobierno sobre criminalidad. Xinjiang es conocida como Turkistán Oriental por los uigures, que luchan por una patria independiente.
Los afectados no son sólo personas que cometen actos violentos.
Dilshat Perhat fue condenado a cinco años de prisión hace dos años porque otras personas usaron su popular sitio de internet para hacer comentarios políticos, pese a que él había pedido que no lo hiciesen, había borrado los comentarios e incluso había reportado el hecho a las autoridades, como dicta la ley. Fue condenado en un juicio de un día, acusado de poner en peligro la seguridad del estado.
El episodio se produjo durante un brote de violencia en el que murieron 197 personas en al noroeste de China, de mayoría musulmana.
China acusó a milicianos uigures del exterior de promover la violencia y dijo que eso constituía un acto de terrorismo. Cientos, si no miles, de uigures fueron detenidos en redadas y al menos dos docenas fueron ejecutados. No se tienen noticias de algunos de los arrestados.
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El aumento en los juicios por terrorismo refleja la importancia que ha alcanzado esa legislación en la lucha contra ese flagelo. Pero no está claro hasta que punto ha servido para contener la violencia.
En ningún otro país investigado por la AP se registró un incremento en los arrestos por terrorismo superior al de Pakistán. Los arrestos subieron de los 1.552 del 2006 a 12.886 en el 2009.
Desde que modificó sus leyes antiterroristas en el 2004, hubo 29.005 detenciones, según el Instituto Pak de Estudios de la Paz.
Sin embargo, los ataques terroristas también van en aumento y Pakistán sufre más muertes por este tipo de atentados que ningún otro país, con excepción de Irak. Y solo el 10% de los casos de terrorismo generan condenas.
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Todo el mundo, incluidos la ONU y Estados Unidos, coincide en que la batalla contra el terrorismo a veces vulnera los derechos humanos.
En el 2005, la ONU designó al profesor finlandés de derecho Martin Sheinin como relator especial de derechos humanos y antiterrorismo, con la misión de informar sobre el desarrollo de los procesos antiterroristas. Luego de seis años, Sheinin dice que se están cometiendo algunos excesos.
«Originalmente se pensó que cuanto más duras las leyes antiterroristas, mejor», comentó. «Pero hoy la gente se está dando cuenta de que se cometen abusos y de que las leyes antiterroristas son malas para los derechos humanos y, de hecho, no frenan el terrorismo».
