I.- El inicio de nuestro ejercicio profesional
1.-Los instantes de agrado o desagrado, las oportunidades que motivan satisfacción o aflicción, en su conjunto constituyen el expediente de lo que hemos hecho en el curso de nuestras vidas. Los plazos transcurridos nos permiten hacer un recuento de lo que ha sido nuestro accionar en diferentes actividades, y la suma de las épocas hace posible analizar el resultado de las actuaciones en el medio social que hemos incidido.
2.- El próximo 25 de febrero 2017, cumplimos 50 años de haber sido investidos como doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El espacio comprendido entre nuestra graduación y el tiempo de ejercicio nos permite hacer algunas reflexiones.
3.- Nuestra investidura había sido antecedida por la llegada al poder, en 1966, del doctor Joaquín Balaguer. No vamos hacer un análisis de lo que fue el régimen de los doce años aunque sí hay que destacar que fue represivo, intolerante y despiadado con sus adversarios políticos.
4.- Aunque ya en 1967 no teníamos militancia partidaria, nos sentíamos identificados con los que hacían oposición al Gobierno. Los métodos de lucha que aplicaba tanto la oposición como el régimen, fueron de los más diversos: violentos, pacíficos e ideológicos. La lucha política fue áspera, fuerte, agresiva, grosera, rigurosa, cruda, rígida, brusca. Cada sector se consideraba dueño de la verdad absoluta y con derecho a destruir a su adversario.
5.- En ese escabroso y difícil medio social comenzamos a ejercer. Las circunstancias nos llevaron a ligar la profesión con las convicciones políticas e ideológicas a las cuales no podíamos renunciar, como tampoco a la profesión de la cual vivíamos y dependía nuestra familia. Por tanto, como abogado teníamos que andar con el birrete y la toga debajo del brazo para vestirnos en cualquier momento, o el lugar del país donde había sido apresado.
6.- Una vez llegamos investidos a Santiago, los servicios profesionales nuestros estuvieron a disposición de todo aquel que se sintiera perseguido o llegara a caer en manos de los organismos represivos del Estado. Muchas veces compartimos lágrimas con madres que nos visitaban y traían en sus manos el pantalón o la camisa ensangrentada que su hijo le había hecho llegar desde una celda de la Policía Nacional, y como muestra de las torturas que le estaban aplicando. Fuimos testigos de cuadros repugnantes que revelaban los tormentos a que eran sometidos los detenidos políticos en el Servicio Secreto para obligarlos a confesar hechos en los que no habían participado y de los cuales los investigadores policiales querían que se hicieran responsables.
7.- Hemos dado las explicaciones anteriores para que conste que en todo momento estuvimos conscientes de los riesgos que corríamos al asumir la defensa en estrados de personas que, aunque con expedientes por delitos comunes, en el fondo sus detenciones tenían un tinte político. Además, las acusaciones eran hechas por la policía de Balaguer y, en su generalidad, los fiscales y jueces también se identificaban con la política del oficialismo. Pero aceptamos el reto porque, una de dos: nos limitábamos a ejercer pura y simplemente la profesión, o involucrábamos el ejercicio identificándonos con los que se oponían al doctor Balaguer y a su forma de gobernar. Optamos por lo último y pagamos las consecuencias con persecución, cárcel y agresiones físicas y morales.
8.- Si al llegar a Santiago con el título de doctor en Derecho nos hubiéramos puesto a ejercer la profesión pura y simplemente, y comportarnos como el profesional y dócil ciudadano que ejerce su derecho al voto en los procesos electorales y dedicarnos a criar y educar a nuestros hijos, de seguro que hubiéramos tenido una vida normal, tranquila, sin dificultades, y en las buenas con todo el mundo. De comportarnos en semejante forma nuestra persona se hubiera podido comparar con una monedita de oro. Pero no hemos sido el abogado y ciudadano que todo sistema social injusto desearía tener. Hemos incidido en la vida pública criticando, censurando, impugnando y oponiéndonos a los gobiernos odiosos, despóticos e intolerantes que ha tenido el país. Nunca, nunca, nunca nos vamos arrepentir por haber vinculado el ejercicio de la profesión de abogado con el accionar político y social.
II.- Accionando en los Congresos de Abogadas y Abogados en defensa de los Derechos y las libertades públicas
9.- La generalidad de las doctoras y los doctores en Derecho egresados de la UASD en 1967, identificados en su conjunto como Promoción de La Libertad, hemos estado presentes en todos los escenarios del país en los cuales ha sido necesario aportar para la vigencia de los Derechos Humanos, las libertades públicas; el adecentamiento y agilidad del Servicio Judicial, y el funcionamiento de las demás instituciones del Estado.
10.- Así, por ejemplo, en los únicos tres congresos masivos y representativos de abogadas y abogados que en su momento fueron efectuados en el país, se hizo notoria la presencia de miembros de la Promoción de La Libertad. Personalmente asistimos a los tres citados cónclaves de las mujeres y hombres de la toga y el birrete, y expusimos lo que en cada coyuntura consideramos era nuestro deber como profesional del Derecho.
Primer Congreso
10.- En el Primer Congreso de Abogadas y Abogados Dominicanos, realizado en la ciudad capital el día 20 de junio de 1971, a nombre de la Asociación de Abogados de Santiago, planteamos lo siguiente: “Debemos denunciar la violación de los derechos humanos en el país, por fuerzas represivas del actual gobierno, por lo que sugerimos que se constituya una comisión defensora de los derechos humanos de todos los habitantes del país; para la defensa de los principios fundamentales sobre los cuales descansan los derechos humanos es deber de todo hombre y principalmente de los hombres de la toga; estimamos débiles las voces que se levantan en el país para decirle al mundo que en la República Dominicana se violan los derechos humanos, que no se respetan las libertades públicas, que las decisiones de los tribunales son sistemáticamente burladas, que la ley de Hábeas Corpus ha sido mutilada y su ejecución se ha convertido en letra muerta, en fin, que la justicia es desobedecida cuando el interés político así lo exige. Por tal razón las abogadas y abogados dominicanos debemos convertirnos, como hombres y mujeres sensibles al dolor y a las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano, en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en nuestro país”.
Segundo Congreso
11.- Luego, en el II Congreso efectuado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el día 1 de julio de 1972, consideramos que uno de los objetivos del evento debía ser la creación de un mecanismo para la protección de los derechos humanos en el país, por lo que sugerimos la constitución de una Federación de Asociaciones y Colegios de Abogados Dominicanos, y una vez constituida, crear organismos integrados por abogadas y abogados en cada ciudad, para que se encarguen de difundir en el seno del pueblo la necesidad de defender y proteger los derechos humanos. Las comisiones designadas al efecto pueden delegar sus funciones en otras personas en aquellas ciudades del país donde no existen profesionales del Derecho. Además, que la Federación haga contacto con profesionales dominicanos del Derecho residentes en el extranjero para que se constituyan en comisiones de defensa de los derechos humanos, cuyo objetivo debe ser, principalmente, denunciar fuera del país y ante organismos internacionales la violación de los derechos humanos aquí; que la Federación, haga un reporte mensual a la Comisión Internacional de Juristas sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana.
En el tercer Congreso
12.- Por último, en el III Congreso de Abogadas y Abogados llevado a cabo en la provincia Monseñor Nouel, Bonao, los días 30 y 31 de agosto de 1975, presentamos entre otras las siguientes ponencias: “Estimamos débiles las voces que se levantan en el país para decirle al mundo: Que en la República Dominicana se violan los derechos humanos, que no se respetan las libertades públicas, que las decisiones de los tribunales son sistemáticamente burladas; que la ley de Hábeas Corpus ha sido mutilada y su ejecución se ha convertido en letra muerta, en fin, que la justicia es desobedecida cuando el interés político así lo exige. Es por esto que las abogadas y los abogados dominicanos debemos convertirnos, como hombres y mujeres sensibles al dolor y a las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano, en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en nuestro país”.
13.- Concluimos nuestra exposición motivada así: “Por lo antes expuesto me permito someter a discusión lo siguiente: El Tercer Congreso de Abogados Dominicanos, integrado por la mayoría de las Asociaciones y Colegios de Abogados dominicanos, declara que el gobierno que preside el Doctor Joaquín Balaguer, es violador de los derechos humanos, de las libertades públicas y la Constitución de la República”, y por vía de consecuencia procede someter a un juicio político al doctor Joaquín Balaguer. “Los participantes se comprometen a suscribir un informe en el cual se denuncia a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Asociación Internacional de Juristas y a la Asociación Internacional de Abogados Democráticos, la constante violación de los derechos humanos y las libertades públicas en la República Dominicana.
14.- Agregando además: Que este Tercer Congreso de Abogados Dominicanos designa una comisión integrada por los presidentes de todas las asociaciones y colegios de abogados dominicanos, para que se constituya en Comité de Abogados Dominicanos por los derechos humanos. Esta comisión de presidentes, sesionará cada cuarenta (40) días y hará un recuento de la situación de los derechos humanos en sus respectivas ciudades. En las ciudades donde no existan asociaciones o colegios, se hará a diligencia del más cercano. Las reuniones se efectuarán en las ciudades que al efecto escojan los integrantes de la comisión. El Comité hará un informe de cada reunión, sus resultados y sobre las violaciones de los derechos humanos en el país, por medio de publicaciones en la prensa nacional, y también informará de sus decisiones a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Asociación Internacional de Juristas, a la Asociación Internacional de Abogados Democráticos y a los colegios y asociaciones extranjeras con los cuales las asociaciones y Colegios participantes en el Tercer Congreso de Abogados Dominicanos tengan relaciones internacionales”.
15.- En la misma línea de nuestra participación en los aludidos congresos se comportaron otros colegas integrantes de la Promoción de la Libertad. Solamente aquellos dominicanos y dominicanas que vivieron el período de los doce años del doctor Balaguer, pueden comprender lo que significó la defensa de los perseguidos y presos políticos, y apreciar el alcance de la preocupación de las abogadas y abogados del país al poner como asunto de primer orden en sus congresos lo relacionado con los derechos humanos y las libertades públicas.
