De abogados y universidades

Hay un discurso crítico sobre la pobre preparación de nuevos profesionales. Pero pocos se atreven a encarar la materia con toda franqueza.

Hay un discurso crítico sobre la pobre preparación de nuevos profesionales. Pero pocos se atreven a encarar la materia con toda franqueza. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Don Mariano Germán, ha puesto  el dedo en la llaga en una importante carrera como es el Derecho, a partir de las objeciones que se plantean sobre la iniciativa para instaurar nuevas normas para el ejercicio de los abogados.

Una buena parte de los problemas en el desempeño de esos profesionales está relacionada con la calidad de la formación y los criterios éticos. Se identifica como una de las fallas el deficiente sistema educativo básico. Podría ser, pero el aspecto más cuestionable está en el nivel universitario.

Se admiten las deficiencias en la formación primaria, que se arrastran en la secundaria, pero eso no es universal. Hay graves desniveles y desequilibrios causados por factores bien analizados por los expertos, y por eso un alto porcentaje de estudiantes llega a las universidades con grandes debilidades que tampoco se superan en ese nivel.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene mecanismos que debían funcionar como filtros, pero su aplicación es mera formalidad. A ciertas universidades les interesa la matriculación y las mensualidades. Se trata de fabricar “profesionales” y aumentar las cuentas bancarias.

Pasan por las aulas sin saber que pasaron. Por eso, tenemos 53 mil abogados o graduados en Derecho. Porque pocas universidades son rigurosas en la aplicación de la baja y más aún, en la calificación del cuerpo profesoral. Por eso, cuando la Suprema Corte quiere contratar jueces de paz, apenas un vergonzoso porcentaje de aspirantes pasa las pruebas.

El magistrado sugiere soluciones como las pasantías de dos años, las reválidas y todos los medios después que se ha obtenido el título, pero eso sólo atenuaría el mal.

El Ministerio de Educación Superior tiene que obligar a las universidades a implantar los mecanismos creíbles de evaluación. Así, el magistrado Germán no tendría que quejarse de la pérdida de valores entre los abogados y de las carencias en nuestras escuelas de Derecho.

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