Inequidad es la palabra de este tiempo. La mayoría de las veces busca dar cuenta de cómo en medio de tanta prosperidad, tantos y tantas viven en la más absoluta miseria, y de cómo, en medio de las crisis, los platos rotos los pagan los pobres y los casi pobres.
Pero la desigualdad se hace evidente no sólo al comparar ricos y pobres. También cuando comparamos a blancos con negros, a quienes nacen en el Polígono Central con quienes nacen en un barrio capitalino o en una zona rural, y cuando comparamos a hombres con mujeres.
En general, esas disparidades devienen de discriminaciones y subordinaciones sistemáticas de décadas o siglos: de blancos contra negros como la esclavitud y la servidumbre; de lo urbano contra lo rural manifestado de muchas maneras; y de hombres contra mujeres en forma de sumisión, sometimiento, control y ejercicio de la violencia contra las mujeres.
La evidencia de la inequidad entre hombres y mujeres es abrumadora: las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo; a pesar de tener más formación, tienen tres veces más probabilidades de estar desempleadas que los hombres; asumen mucho más responsabilidades y trabajo en el hogar que los hombres; tienen mucho menos acceso al poder político que los hombres; y son víctimas cotidianas de la violencia sólo por el hecho de ser mujeres.
Una de las expresiones más grotescas de la inequidad en contra de las mujeres es la que deviene de la prohibición legal de interrumpir el embarazo, aún cuando sus vidas estén en riesgo. El mensaje es claro: la vida de las mujeres no vale en sí misma; sólo vale en la medida en que es indispensable para que nazca otra vida. ¡Cuánta diferencia con respecto a la vida de los hombres!
Para quienes defienden la prohibición absoluta del aborto, poco importa que el embarazo esté poniendo en peligro la vida de la mujer, la adolescente o la niña; que el embarazo haya sido resultado de una violación; o que el embrión o feto vaya a morir irremediablemente: ¡tiene que gestar y parir! Eso no es más que ejercer control y violencia contra las mujeres, y como tal, tiene que ser superado. La vida y la integridad de las mujeres valen tanto como la de los hombres.
La idea de que es imprescindible que la mujer continúe con un embarazo aunque su vida peligre y se atente contra su dignidad e integridad personal sólo puede ser el fundamento de una política pública que poco le importe los derechos fundamentales de las personas, incluyendo la vida, y que busque perpetuar la subordinación y el control de los hombres sobre la vida de las mujeres.
Además, cuando esa idea es política pública como en la actualidad, tiene resultados desastrosos para las mujeres porque simple y sencillamente, mucho más mujeres mueren. Según uno de los pocos estudios disponibles, en República Dominicana se practican no menos de 80 mil abortos por año. Una proporción importante se realiza en condiciones insalubres y peligrosas que incrementan el riesgo de muerte de las mujeres o adolescente, precisamente debido a la ilegalidad.
Más aún, el Ministerio de Salud Pública indica que las complicaciones relacionadas con el aborto ocupan el cuarto lugar entre las causas de mortalidad materna. Siendo que el país tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas en la región, enfrentar el aborto inseguro y proveer educación en materia de derechos sexuales y reproductivos para reducir los embarazos no deseados debe ser prioridad de las políticas del Estado en materia de salud.
Por último, obligar a una mujer o a una niña a gestar y eventualmente a parir contra su voluntad y en perjuicio de su salud tiene un impacto devastador no sólo sobre su vida, su productividad y su desarrollo como persona, sino también sobre las de su entorno. Primero, su muerte puede llevar a la miseria a sus hijos y sus familias. Segundo, en caso de que no muera, le puede generar daños permanentes a su salud. Tercero, el impacto psicológico puede ser grave.
No he dicho nada que no se haya dicho y no es mi intención hacerlo. Solo pretendo reiterar lo que ya muchos han dicho. ¡Basta ya de que el oscurantismo de la cúpula eclesial y el desprecio hacia las mujeres sea lo que conduzca la acción del Estado! Sólo la cobardía o la ignorancia podrían explicar que se continúe criminalizando el aborto sin excepción.
