En el marco de las consultas que ha estado realizando el Poder Ejecutivo para consensuar una ley de naturalización, sorprende como algunas voces, varias de ellas de prestigiosos juristas, piden al Presidente de la República desconocer la controversial sentencia 168-13 del Constitucional.
Pretender irrespetar la sentencia, no acatarla, o modificar la decisión inapelable de un Tribunal Constitucional mediante una ley que disponga cosas contrarias no sólo constituyen absurdos jurídicos que cuando salen de la boca de personas que han estudiado derecho producen vergüenza ajena, sino que además tiene un componente político demasiado peligroso: si se abre esa puerta para esa decisión, se abre para siempre la posibilidad de romper de golpe el estado de derecho cuando sea conveniente a determinados intereses.
Y a pesar de que la excusa es el trillado argumento sobre Derechos Fundamentales lo cierto es que la sentencia 168-13 no despoja de nacionalidad ni convierte en apátrida a ser humano alguno, primero porque a nadie se le puede quitar lo que legalmente nunca tuvo y segundo porque en el caso de interés que es la migración haitiana hay que destacar que la Constitución de Haití es clara en señalar el jus sanguinis como forma de adquisición de la misma, es decir que todo el hijo de haitiano lo es en cualquier lugar del mundo porque la nacionalidad lo acompaña por su sangre.
Ni siquiera el discutido proyecto de ley de naturalización es realmente necesario, toda vez que la propia sentencia ofrece mecanismos para que las personas que han residido mucho tiempo en el país pero que se encuentran irregulares arreglen su situación y vivan en la legalidad, sin embargo es entendible que ante tantas presiones el Gobierno promueva un “bajadero” para calmar algunas pasiones y bajar los ánimos de muchas ONG’s que necesitan justificar sus financiamientos. Ahora bien, de modo alguno se puede pretender que una ley disponga cosas que sean contrarias a la establecido mediante una sentencia irrevocable emanada por el más alto tribunal del país, porque aunque la decisión sea buena o mala hay que cumplirla si no queremos vivir en el caos y la anarquía.
La intención con este discurso que parece emocional en verdad es muy pensada, puesto que es parte de una estrategia de algunos grupos que tienen un viejo deseo: acorralarnos hasta que aceptemos ocuparnos de un problema que la comunidad internacional no quiere asumir. Por suerte esta vez parece que tenemos un Presidente con los suficientes pantalones para no dejarse doblegar ni chantajear.
