Las encuestas más recientes indican que el problema de la delincuencia y la criminalidad es el más sentido por la población dominicana. Por eso, es urgente que desde el Estado se lleven a cabo acciones que permitan enfrentar con éxito este grave problema. La creciente inseguridad ciudadana requiere de planes integrales que tomen en cuenta la reducción de la desigualdad social y promuevan la creación de oportunidades de empleo y estudio para la población más joven. Aunque todavía se exhiben pocos avances en este sentido, es necesario reconocer que la pasada semana se tomaron algunas medidas que van en la dirección correcta.
La primera fue la presentación ante el Congreso del anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. Aunque posteriormente fue retirado por el Ejecutivo, luego se anunció su pronta reintroducción con nuevas modificaciones.
Lamentamos que dentro de estas modificaciones esté la de echar atrás la propuesta inicial de que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sea un organismo adscrito a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, prevalecen aspectos de mucha relevancia, como el de eliminar la figura de Jefe de la PN para ser sustituida por la de Director General. Esto rompe con la visión trujillista de la Policía.
Es importante además, que la investigación de las infracciones penales esté bajo la dirección legal del Ministerio Público, de conformidad con la Constitución y las leyes, para lo cual se creará la Dirección Central de Investigación. Se destacan los aspectos referidos a la transparencia y la rendición de cuentas de la institución policial, así como la promoción de la participación comunitaria en los asuntos de seguridad pública. Esperemos que definitivamente el Congreso Nacional se disponga a aprobar esta reforma legal tan importante para la estabilidad y la paz del país. Por otro lado, una medida positiva fue la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (decreto 119-13) para coordinar las acciones derivadas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este Consejo se encargará además de dirigir el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Otra buena noticia es la constitución de la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género (decreto 121-13), con la misión de propiciar la ejecución de las políticas públicas sobre prevención de violencia y criminalidad.
Deseamos que se siga avanzando y se den señales claras de logros en el combate de la delincuencia y la criminalidad, pues esta es la única forma de generar la confianza y la paciencia solicitada por el Presidente, para la ejecución del plan de seguridad ciudadana.
