La Dirección General de Aduanas (DGA) confirmó ayer que autorizó la exportación de doré de la Barrick Gold porque concluyó la primera fase del aforo. Una nota de la entidad explica que se procedió a permitir la salida de los minerales en cumplimiento a las normas establecidas en la Ley de Aduanas.
Agregó que el cargamento de oro y plata fue retenido hasta que se completara ese proceso, y una vez concluido, se autorizó su salida, dado que las demás etapas relacionadas con la fiscalización que ejecuta la DGA, se completan sin la necesidad de la presencia de las mercancías.
Aclaró que las irregularidades que se detectaron en el proceso del aforo documental ya han sido precalificadas y se mantiene el proceso abierto para asegurar, en una segunda fase, que el contenido de los embarques especificados por la empresa, se correspondan con los datos encontrados en el aforo físico.
La DGA informó que los embarques anteriores son investigados y cuando concluya todo el proceso se determinarán las medidas que tomará, siempre con apego a la ley.
La Ley aduanal otorga hasta dos años de plazo para iniciar cualquier investigación relacionada con un despacho de mercancías y la reliquidación de los impuestos dejados de pagar al fisco.
Aunque la nota indica que Aduanas mantiene la penalidad a la Barrick Gold por la “falla en la declaración”, no especifica si se trata del artículo 202 de la Ley 3489 que establece una sanción que implica pagar el doble del valor de la mercancía declarada.
Reclaman sanciones
En el Congreso Nacional se reclama que la Dirección General de Aduanas sanciones a la Barrick Gold por haber hecho una declaración de exportación de oro y plata con origen de Estados Unidos.
El diputado Ramón Rogelio Genao dijo que las autoridades deben aplicar la Ley General de Aduanas y cobrar el doble del valor de la mercancía declarada como lo establece la Ley 3489 en su artículo 202.
Manifestó que lo que hizo la minera fue perjurio contra el Estado dominicano y que en otras democracias hubiesen tenido que comparecer ante el Congreso a ofrecer explicaciones, además de las sanciones que conlleva la violación.
Planteó en el hemiciclo que la Cámara de Cuentas realice una auditoría a las exportaciones que ha hecho la minera y lo relativo a sus compromisos económicos con el Estado. “En función de las utilidades que produzcan las exportaciones es que el Estado adquiere los beneficios, por tanto usted quiere engañar al Estado. Debe ser multada la compañía, independientemente del proceso de conversación y renegociación del contrato.”
Por otro lado, más de 15 organizaciones de seis municipios reclamaron de la Cámara de Diputados que convoque a vistas públicas en Cotuí para escuchar la opinión de la gente en torno a la revisión del contrato con la Barrick Gold.
Exigieron transparencia en la producción, exportación, y comercialización del oro y demás metales que son extraídos de la mina Pueblo Viejo de Cotuí.
“La primera acción de transparencia que demandamos de las autoridades es que informen al país la cantidad de barras de doré que ha embarcado la Barrick Gold”, dice el documento entregado al diputado José Luis Cosme, vicepresidente de la Comisión de Industria y Comercio.
Participación reclama un mayor control aduanero
Participación Ciudadana manifestó ayer su sorpresa al enterarse de que Barrick Gold sacó del país el cargamento que fue retenido la semana pasada y revisado el lunes por la Dirección General de Aduanas.
Roberto Álvarez, coordinador general de la organización no partidista, dijo que le llama la atención que después de que la minera haya hecho al menos 20 envíos hacia el exterior, sea ahora cuando las autoridades de Aduanas decidan revisar la mercancía.
Álvarez exigió un mayor control de Aduanas para todas las inversiones nacionales y extranjeras, así como un seguimiento detallado y transparente de las proporciones de oro, plata y otros metales exportados, con apego irrestricto a las leyes.
“Las operaciones de la multinacional deben estar sujetas a una inspección y comprobación de su veracidad, para erradicar procedimientos que promuevan la opacidad y confabulación entre empresas y funcionarios públicos al servicio de intereses privados y en detrimento del interés nacional”, dijo. Advirtieron que las prácticas de las empresas tienden a la discrecionalidad, el ocultamiento.
