En apenas un poco más de 10 años que tiene en vigencia el Sistema de Pensiones creado por la Ley 87-01 de Seguridad Social, nuestras autoridades han hecho todo tipo de intentos para adueñarse de esos fondos, y muy poco, por no decir nada, para promover su diversificación en distintos instrumentos y monedas.
El primer intento fue que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobara la inversión en certificados del Banco Central en el año 2003, a pesar de que la Ley 87-01 no lo permitía, lo que no sucedió gracias al veto de los consejeros representantes del sector empleador.
Luego, en el año 2007, modificaron la Ley de Seguridad Social de urgencia bajo el pretexto del inicio del Seguro Familiar de Salud, colando de paso la inclusión de los certificados del Banco Central como uno de los instrumentos de inversión permitidos de los fondos de pensiones.
Más adelante lograron que el CNSS aprobara la inversión en títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y ya sabemos que casi la totalidad de los fondos están invertidos en estos dos instrumentos.
Por si esto fuera poco, decenas de proyectos de congresistas, que se autoexcluyeron de la obligación de cotizar en el Sistema de Seguridad Social porque tienen un privilegiado plan de pensiones, han intentado utilizar los fondos para todo tipo de descabellados propósitos.
La vigente ley del BNV 06-2004, prevé que toda AFP deberá mantener, por lo menos, el 10% de sus activos en bonos, títulos, cédulas, u otras obligaciones en ese banco y que toda compañía de seguros deberá invertir el 10% por lo menos de sus reservas técnicas, en instrumentos de dicho banco.
Estas cuestionadas disposiciones no fueron cumplidas, porque la primera regla para un administrador fiduciario debe ser administrar como un buen padre de familia o gestor los fondos administrados, y lamentablemente el BNV no gozaba ni gozará nunca mientras sea simplemente un botín político, de credibilidad como emisor.
Ahora, subrepticiamente, se introduce en el proyecto de ley de transformación del BNV en el Bandex, una disposición que obligaría a las AFP a depositar por lo menos el 10% de los Fondos de Pensiones que administran por cuenta de los trabajadores, en ese banco.
Esta peligrosa y desatinada propuesta atenta contra el fundamental derecho de propiedad y constituiría una confiscación de fondos, que pertenecen a los trabajadores y que tienen un carácter similar al del salario, pues serán en el día de mañana la pensión de retiro de los mismos.
Lejos de intentar adueñarse de los fondos de pensiones lo que debería hacer el BNV es mostrar la capacidad de convertirse en un banco administrado con criterio gerencial, dejando atrás los manejos políticos, privilegios y escándalos que lo han descartado como emisor confiable.
No permitamos que este regalo envenenado distorsione los buenos propósitos perseguidos por los sectores exportadores con el Bandex, eliminando este absurdo intento de confiscación de nuestros fondos de pensiones, y esperemos que de una vez por todas logremos que nuestras autoridades entiendan que su rol no es intentar adueñarse de los fondos ajenos, sino velar por su buena administración.
