Participación Ciudadana denunció ayer que en la elección de los jueces de las Altas Cortes se utilizó el criterio de la repartición entre partidos políticos.El movimiento cívico sostuvo que en la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional, Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia se evidenció la existencia de un pacto entre el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Leonel Fernández, y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, quien de esa forma consiguió la elección de unos cinco jueces vinculados a él.
Mediante un documento de prensa, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana consideró que esta práctica vicia el proceso democrático, ya que se pacta en secreto y en forma poco institucional, pues los órganos de ninguno de los dos partidos aprueban este tipo de acuerdos que escogen jueces de lealtades individuales y que van a defender intereses partidarios, generando posteriormente conflictos a lo interno del órgano.
Señaló que en la designación de los miembros de los tres tribunales quedó evidenciado que el CNM no utilizó como parámetro en todos los casos las hojas de vida y las entrevistas realizadas.
Conflicto en la JCE
En su balance del año, en el que declaró como fallido el “Año de la transparencia y la institucionalidad” declarado por el Poder Ejecutivo, Participación Ciudadana afirmó que “la dimisión forzada del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral desencadena una crisis en esta área tan sensible del proceso electoral que aún no se ha podido resolver”.
Indicó que el presidente de la JCE, Roberto Rosario, en vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado (en alusión a Franklin Frías, director del Centro de Cómputos) o poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo.
Asimismo, resaltó que el 2011 concluye sin que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de ley de partidos sometido por la JCE, ni el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral. l elCaribe
Campaña prematura, Congreso y delincuencia
Participación Ciudadana entiende que los partidos mayoritarios se embarcaron en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos.
Además, acusó al Congreso de ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, aprobando préstamos por más de RD$97 mil millones. Agrega que el narcotráfico, la delincuencia y el crimen, en todas sus expresiones, amargaron la vida de los dominicanos en 2011.
