Los alcaldes que son objetos de procesos judiciales solo son suspendidos si la medida de coerción impuesta representa la privación de la libertad o se inicia juicio de fondo. Así lo aseguró Julián Roa, presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), tras afirmar que el criterio ha sido refrendado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Citó el artículo 44 de la ley 176-07, el cual indica que procede la suspensión de los síndicos/as, vicesíndicos/as y regidores/as cuando: “Se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad o se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad”.
Libertad para alcalde
El juez Claudio Aníbal Medrano impuso al alcalde Félix Rodríguez Grullón una garantía económica de cinco millones de pesos, así como presentación periódica e impedimento de salida del país. En tanto, Gerson Lizardo, encargado de nómina y a Fiordaliza Genao deberán pagar una garantía de 500 mil y 200 mil pesos, respectivamente.
Los funcionarios están acusados de cometer actos de corrupción por más de RD$100 millones.
Los debates sobre el caso iniciaron el lunes a las 2:00 de la tarde y concluyeron a las 12:20 de la noche, siendo dictada dicha sentencia a las 3:00 de la madrugada. La pasada semana la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada Laura Guerrero, solicitó y obtuvo orden de arresto contra los ediles.
Dicha solicitud se hizo luego que el Ministerio Público comprobara que en el período comprendido de enero 2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, los imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos, cuya irregularidad fue reflejada por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas.
Además, entre las pruebas obtenidas tras se destaca que “hubo pagos realizados sin soportes justificativos de más de ocho millones de pesos, así como la falta de registro del pasivo de los compromisos contraídos con el Banco de Reservas para el pago de la regalía pascual de los empleados.
