Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el país tenía entonces un millón 105 mil personas con edades de seis años en adelante que no sabían leer ni escribir, un 13% de la población total. En 2002, la población iletrada era de 16%, lo que sugiere que el progreso en los programas públicos fue mínimo.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) observaba que el nivel de analfabetismo entre niños y jóvenes era de 14.7%. Entre personas de más de 15 años la tasa rondaba el 12.8%. Una situación muy deprimente que en algún momento llevó a un ministro de Educación a hablar de importar “técnicos cubanos” para encarar el problema.
Lo mismo que la pobreza, la mayor cantidad de iletrados se concentra en las zonas más disminuidas, lo que nos confirma que el acceso a la instrucción como siempre está asociado a factores socioeconómicos, como marginalidad y pobreza.
Preocupa el alto porcentaje de menores de edad analfabetos, lo que sugiere que no han tenido la oportunidad de ingresar a una escuela. Es decir, que cuando se trata de niños y adolescentes entendemos que se trata de un asunto verdaderamente dramático.
Una campaña como la que está desarrollando el gobierno para alfabetizar a corto plazo al menos 300 mil dominicanos adultos, con miras a completar el millón al término de 2016, es muy loable, pero hay que entender que paralelamente persiste un sistema que excluye o expulsa de las aulas cada año a miles de niños.
El esfuerzo con los adultos es bellísimo, útil, necesario. Magnífico. Pero debe pensarse seriamente en esa población rezagada que no ha llegado a la adultez y crece en la ignorancia, con tantos riesgos.
El gobierno tiene que hacer un serio esfuerzo por insertar al sistema educativo a esa población analfabeta que se multiplica cada año en las zonas marginadas, en las ciudades y en la zona rural.
Con los adultos que aprenden a leer y escribir y están dispuestos a continuar, hace muy bien el gobierno en abrir una red de 590 centros para que alcancen sus propósitos.
