El amago para subir la tarifa eléctrica atiza el debate sobre pacto

La reacción proactiva de diversos sectores del país obligó al Gobierno a dejar sin efecto la modificación de la tarifa residencial y comercial que había anunciado.

La reacción proactiva de diversos sectores del país obligó al Gobierno a dejar sin efecto la modificación de la tarifa residencial y comercial que había anunciado. Esa modificación tarifaria concretamente representaba un aumento para un segmento de la población: El de las residencias, que dentro del sistema reúne la mayor cantidad de clientes.

La Superintendencia de Electricidad (SIE) había informado el domingo que a partir de este mes quedarían modificadas las tarifas eléctricas de uso residencial y comercial (BTS-1 y BTS-2), con lo cual se beneficiaría a pequeños y medianos negocios, pero se afectaría los consumos residenciales al registrarse alzas de 1% a 4.2%. Ayer el superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, anunció la decisión de echar para atrás la aplicación de la medida en una rueda de prensa con características poco vistas. El funcionario permaneció casi una hora explicando y justificando los alcances del aumento tarifario, expuesto a todo tipo de preguntas y debate con los periodistas y luego informó que el presidente Danilo Medina le había llamado un minuto antes de la rueda de prensa y le había ordenado dejar sin efecto la disposición. Es decir, que el funcionario ofreció una serie de detalles que pudo obviar, y que le habría permitido concluir el encuentro con la prensa en cinco minutos.

La medida, que provocó revuelo en la población y elevó los ánimos en los sectores empobrecidos del país por la carga que representaba en el presupuesto familiar, establecía que como resultado de las variaciones la tarifa indexada para este mes aumentaba 1.52% con relación a agosto, pero que para evitar que el alza fuera mayor, el Gobierno asumiría un subsidio de RD$2,014.96 millones, debido a que la tarifa aplicada seguía siendo menor a la indexada en un 43.63%.

Los aumentos en las tarifas residenciales irían de 1% a 4.2%, mientras que para los negocios bajaría de 1.3% a 2.9%, según se había informado. De acuerdo a cálculos realizados (si el aumento se hubiese mantenido) un usuario que paga ahora RD$1,582 por el consumo de 300 kilovatios hora (kwh), pagaría RD$1,643.

Históricos y falta de coordinación

Los últimos aumentos de tarifa eléctrica realizados en República Dominicana se han dado en los siguientes años: 2009, 2010 y en 2011. En algunas de esas ocasiones se ha notado falta de coordinación entre los representantes del sector eléctrico estatal. Esa misma falla estuvo presente esta vez (con el caso en cuestión) si se toma en cuenta que cuando la SIE anunció el aumento, la información era desconocida por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), según indicó el propio vicepresidente de esa institución, Rubén Jiménez Bichara.

El funcionario llamó a la Superintendencia de Electricidad a revisar el aumento que había dispuesto en la tarifa eléctrica, “porque lo anunciado no significaba un aumento del cobro para las distribuidoras, sino una disminución”.

Algo parecido ocurrió en el año 2011. Mientras el 24 de mayo de ese año el ministro de Economía, Temístocles Montás, aseguraba que el costo de la “luz” no se elevaría, días después de esas expresiones ocurrió todo lo contrario. La tarifa subió un 8% a inicios de junio y no hubo forma de revertir el alza.

¿Dónde está el pacto eléctrico?

Ayer, varios diputados y representantes del sector industrial plantearon la necesidad de que el Gobierno y los distintos sectores se aboquen a la firma del pacto eléctrico. Los voceros de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González, de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, y el legislador Hugo Núñez expresaron que con  un acuerdo de esa naturaleza se corregirían muchos de los problemas que enfrenta el sector.

Maldonado dijo que ahora se hace obligatorio el acuerdo eléctrico debido al alza en el precio del petróleo.

Mientras, Radhamés González aseguró que “el Gobierno no tiene ninguna planificación en el aspecto eléctrico” y expresó su sentir de que, al parecer, el presidente Medina no sabía que iba a ganar las elecciones y ahora se ve que no está ejecutando un plan en ese aspecto ni en el económico. De su lado Hugo Núñez sostuvo dijo que el anunciado aumento de la tarifa eléctrica y posterior desautorización por parte del presidente Medina demuestra  las contradicciones entre los funcionarios, porque por un lado el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE dice que no tenía conocimiento, mientras el superintendente de Electricidad lo anuncia.

La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) a través de su vicepresidenta ejecutiva, Circe Almánzar, llamó a resolver de fondo el problema eléctrico mediante una discusión  profunda como lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que establece que se debió firmar un pacto eléctrico antes del 1 de enero de este año.

La lectura que tiene la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) sobre la decisión inicial de la SIE, de subir la tarifa y su rápida reversión por orden del Presidente, es de que en el país se necesita agilizar el pacto eléctrico contemplado en la END. “El escenario que se ha creado a partir de estos hechos (del anuncio del alza y la decisión de echarla para atrás), nos conduce a varias interrogantes que son, por demás, reflexiones para tomar en cuenta”, expresó la AEIH por vía de un documento de prensa.

¿Se conocía del asunto en la casa de gobierno?

El superintendente de Electricidad se disponía a exponer los alcances sobre la unificación de las tarifas residencial-Comercial (BTS-1 y BTS-2, como técnicamente le denomina a la especie) cuando el Presidente le llamó por teléfono. Ayer, mucha gente se preguntaba cómo es que el mandatario no estuviera al tanto de  la decisión y de las reacciones que traería. El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó en el Palacio Nacional que el alza de la tarifa eléctrica se dejó sin efecto porque afectaba a las familias y no significaba ningún ingreso mayor para el Estado. “Ese aumento iba a ser neutral, no iba a haber un aumento real, es decir, que se iba a hacer un rebalance de la tarifa que no iba a impactar a la factura”, dijo.

Antecedentes
En el año 2009 la tarifa subió un 6.4%, en 2010 aumentó un 11% y en año 2011 el  incrementó fue de un 8%.

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