La expresión “BUENA GOBERNANZA” está siendo entendida y puesta en práctica por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La República Dominicana no es la excepción.
Siendo así, hacemos énfasis especial a fin de que las instituciones que auditamos, es decir, todas las que administran recursos y fondos públicos, pongan todo su esfuerzo y atención para cumplir con los elementos básicos de ese concepto, que son: la transparencia y la rendición de cuentas, y como derivada imperativa surge la fiscalización.
Esos tres elementos constituyen lo que podríamos llamar el denominador común de los países en donde existe una real preocupación por el cuidado de los recursos y fondos públicos.
Sin pretender entrar en detalles pormenorizados, podemos decir que la transparencia, en el caso que nos ocupa, constituye las evidencias justificativas de las cifras o hechos contenidos en la información financiera presentada; la rendición de cuentas debe ser total y en cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la ley para esos fines y, la fiscalización, es una labor de revisión y examen de la información financiera que están obligados a presentar todos los que administran recursos y fondos públicos. La responsabilidad de fiscalizar está asignada por mandato constitucional a la Cámara de Cuentas de la República.
El resultado del trabajo de fiscalización tiene que ser comunicado; ese requisito se cumple a través de la emisión del informe de auditoría, el cual contiene: Carta a la Gerencia, Información Introductoria, Dictamen con la Opinión de los auditores de la Cámara de Cuentas, Información Financiera de la Entidad, Notas a los Estados Financieros, o a la Ejecución Presupuestaria, Observaciones de Auditoría, Conclusiones, Recomendación General y los Anexos.
La Cámara de Cuentas publica el informe de su trabajo, en el portal electrónico de la institución, para conocimiento de la ciudadanía en general, pero además, lo remite en formato impreso, al o los responsables de la entidad auditada, a la Contraloría General de la República, a la Liga Municipal Dominicana, (si es una entidad municipal), a la Dirección General de Impuestos Internos, al Ministerio Público (si aplica) y a cualquier otro organismo contemplado en la ley.
Como se habrá podido observar, la labor de la Cámara de Cuentas propicia un ambiente favorable para la “BUENA GOBERNANZA”.
