Su rol como garante de los Derechos Fundamentales ha llevado al Tribunal Constitucional a suprimir criterios que habían aplicado los tribunales del país.Las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) han dejado sin efecto al menos cinco sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuatro de las cuales han sido emitidas en lo que va del presente año 2013.
Tras emitir la sentencia TC/0009/13 que anuló una decisión de las salas reunidas de la SCJ por falta de motivación, confrontando así por primera vez a las dos cortes, y solo en este año, el Tribunal Constitucional ha anulado cuatro sentencias emanadas por salas de ese alto tribunal.
La más reciente es la sentencia número TC/62/2013, dada a conocer ayer, con la cual se revoca una decisión de la Tercera Sala, y en consecuencia, se ordena a la Junta Central Electoral la entrega inmediata de los nombres de cada uno de sus empleados y funcionarios, indicando el cargo y salario, según había solicitado el ciudadano Allan de Jesús Tiburcio Andrickson.
“Que si la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia interpretó que el nombre y apellido de los empleados públicos es una información confidencial, entonces para qué se aprobó el artículo 75, acápite 12 de la Constitución, en el cual se consagró el deber constitucional de velar por la ejecución transparente de la función pública. Entonces, cómo sabrán los contribuyentes los actos de corrupción cometidos mediante el pago al personal”, indica el TC en su sentencia.
Al igual que en el caso anterior, en su decisión marcada con el número TC/52/13 la alta corte revocó una sentencia de la misma sala de la SCJ y ordena al Instituto de Aviación Civil (Idac) la entrega inmediata de los nombres de cada uno de sus empleados y funcionarios, indicando el cargo y el salario, a la Asociación de Pilotos, que lo había solicitado.
Decisión del Tribunal Constitucional
Con la sentencia TC/0009/13, el TC revocó la resolución 830-2012 de la SCJ que declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por Marcos E. Malespín, Malespín Constructora, S. A. y por Juan Alberto Pimentel, contra la sentencia 162/2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Condenó a los recurrentes al pago de una indemnización de RD$6 millones.
