Veintidós pruebas testimoniales y 39 materiales forman parte del fardo probatorio con el cual el Ministerio Público busca que los nueve ex-funcionarios del Seguro Médico para Maestros (SEMMA) acusados de malversa RD$847 millones 553 mil 537, sean enviados a juicio de fondo.
La magistrada Clara Almonte Gómez, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, receso el conocimiento de la acusación sustentada en una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y a las investigaciones practicadas por el Ministerio Publico, durante el periodo comprendido entre los años 2006 al 2009. En la próxima audiencia los fiscales continuarán presentando la individualización precisa de cargos.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, con relación a las cuentas por pagar: “la ARS no registra en la contabilidad las autorizaciones otorgadas a sus afiliados, las reclamaciones son reconocidas en el momento en que llegan a la contabilidad, violando así lo que requiere el método de lo devengado; al 31 de marzo de 2009 verificamos reclamaciones recibidas en la ARS ascendentes a RD$429 millones 308 mil 395 de las que sólo se reflejan en los estados financieros a esa misma fecha RD$260 millones 267 mil 058 arrojando una diferencia de RD$169 millones 041 mil 667.
“Durante el período auditado pudo determinarse que la entidad, dirigida por los encartados en sus respectivas funciones, manejó fondos públicos por los cuales no ha podido rendir cuenta exacta; es decir, no pueden explicar el uso dado a una parte de los montos siguientes: RD$379,020,864.99; RD$745 millones 507 mil 909; RD$1,542,140,834.95; y RD$1,772,603,652.37 recibidos por el SEMMA durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente, para destinarlos a los fines previstos en las normativas que lo rigen”, dice la acusación presentada por el Ministerio Público.
Francisco Cruz Pascual, Glauco González Jiménez, Fernando Conde Modesto, Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín, Bélgica Díaz Moreno, Luis Sánchez Paredes, Simón Bolivar Cepeda Mena y Anyelo Salazar Hernández, en sus funciones públicas, con sus conductas, por acción o por omisión se han apropiado de los fondos públicos que manejaron, explica la acusación en su contra.
