Diputados de los distintos partidos están de acuerdo con una modificación a la Ley 57-96 sobre exoneraciones de vehículos a legisladores. Entienden que no están de acuerdo con que se eliminen las exoneraciones, pero sí que se regulen porque en muchos casos los más beneficiados son los dealer o vendedores de vehículos, peloteros y narcotraficantes que las adquieren a bajo costo. Manuel Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que ha habido distorsión de iniciativa porque en principio era para que los legisladores adquirieran sus vehículos, pero luego se convirtió en un negocio. Es partidario de que se le ponga un tope al valor del vehículo importado.
De su lado, Guadalupe Valdez, diputada por el Partido Alianza por la Democracia (APD), dijo que está totalmente de acuerdo con que haya reglas claras en el tema de las exoneraciones y aclaró que en su caso no ha hecho uso de ese privilegio.
Favoreció que se establezca un tope en el costo del vehículo, que sea utilitario y que no se pueda vender ni transferir para que sea solo para uso exclusivo de los legisladores porque se comete un crimen contra el Estado cuando se adquieren vehículos costosos que no son para utilizarlos para el trabajo legislativo. Carlos Gabriel García, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que es mejor para los diputados que el Estado asuma ese compromiso como lo hace con los ministros, como parte de la austeridad, pero sin caer en la mendicidad en tanto que Nelson Arroyo, del mismo partido, está de acuerdo con que se establezca un tope.
Por su parte, el reformista Máximo Castro Silverio dijo que está de acuerdo con cualquier iniciativa que busque mayor transparencia.
Consideró que si se decide eliminar la exoneración el Estado debe asumir esa responsabilidad.
Sugerencia fue hecha por el presidente de la CD
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, retomó el tema al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe.
El legislador oficialista es partidario de que sea aprobado un proyecto de ley que está en la cámara baja desde hace tiempo que tiene por finalidad modificar la Ley 57-96 sobre exoneraciones a los congresistas.
