La Cámara de Diputados se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán por ser el centro de duras críticas debido al dinero gastado en regalos y acciones que no forman parte del ámbito de competencia de la labor legislativa.De manera puntual se ha cuestionado el reciente reparto de 176.9 millones de pesos en electrodomésticos y enseres del hogar en el día de las madres, como parte del programa social de la institución.
Y aunque los legisladores han defendido la transparencia de la licitación en este caso y ciertamente se ha podido demostrar que los regalos llegaron a su destino planeado, parecen no entender que la clave de las quejas no está en el manejo dado al asunto, sino que, por más claro que haya sido todo, no hay estatuto legal alguno que contemple la posibilidad de que las cámaras se dediquen a esto, pues los diputados y senadores fueron electos como representantes de la población para una función elemental: legislar.
Es una realidad insoslayable que la práctica asistencialista ha sido costumbre en el Congreso desde hace décadas y, por consiguiente, aunque es bien sabido que esto no es parte de las atribuciones de los legisladores, su erradicación repentina produciría un gran malestar en la población que se beneficia de esos malos hábitos. Sin embargo, si bien es comprensible que la eliminación absoluta y de golpe no es recomendable, no se puede apoyar y aplaudir que se perpetúe con la misma dimensión.
La defensa que han hecho algunos diputados ha sido absurda e innecesaria, pues en lugar de basarla en las necesidades de muchos de los receptores de las dádivas otorgadas, se han dedicado a justificar lo mal hecho con presuntamente mayores males de parte del sector empresarial. Es decir, “no es que yo lo hago bien, es que ellos lo hacen peor”, argumento infantil y poco digno de congresistas que no evidencia en modo alguno intención de, al menos en el largo plazo, ir superando un asistencialismo que no le corresponde a ellos y los distrae de sus verdaderas responsabilidades.
La campaña de descrédito en contra de la Cámara de Diputados por este tema ha sido excesiva, toda vez que es algo recurrente en el país y que sus raíces están basadas en una realidad social que no se puede ignorar, pero el objetivo no debe ser defender algo que desde el punto de vista legal no es defendible, sino su reducción gradual con miras a eliminarlo.
