Asonahores exige cambio en Justicia

Asonahores dio un espaldarazo a los ejecutivos de los hoteles Barceló y expresó su preocupación por el comportamiento de la Justicia en la provincia La Altagracia.

Asonahores dio un espaldarazo a los ejecutivos de los hoteles Barceló y expresó su preocupación por el comportamiento de la Justicia en la provincia La Altagracia.La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana señala que “es preocupante y llama la atención el caso denunciado por Hoteles Barceló en que un litigio en el ámbito civil y comercial fue convertido en un asunto penal que ha terminado con la condena a prisión por robo agravado de los cinco principales ejecutivos de la cadena hotelera en su principal complejo turístico en Punta Cana”.

Entiende que esto puede tener un impacto negativo en la imagen del país como destino de inversión y pidió una profilaxis profunda en la estructura judicial de la zona.

Advertencia

Asonahores indica en un documento de prensa que la reiteración de escándalos en el ámbito de la Justicia en la principal región turística de la República Dominicana no pasa desapercibida en los centros financieros y de inversión internacionales, “ya que Punta Cana es, además, el principal destino turístico del Caribe, al punto que en el 2011 superó los dos millones de turistas recibidos”.

Sostuvo que a esto se suman los escándalos de los llamados “embargos asaltos”, en que irrespetando los debidos procesos, varios hoteles fueron prácticamente tomados por la fuerza por grupos de personas amparados en supuestos embargos legítimos.

“Vimos imágenes aterradoras de grupos de personas durante horas invadiendo hoteles y aterrorizando a los turistas locales y extranjeros alojados, algunos de los cuales fueron despojados de sus pertenencias, y posteriormente estos establecimientos recibieron cientos de reclamaciones por la espantosa situación vivida”, destacó Asonahores en su nota informativa.

Entidad apoya que se investigue la situación

Asonahores considera atinada la rápida respuesta de la Procuraduría General de la República y el Consejo del Poder Judicial, en la que ordenan una investigación del comportamiento del Ministerio Público en este caso y de los jueces actuantes, y confía en que en esta ocasión las autoridades llevarán las indagatorias hasta las últimas consecuencias. 

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