Atribuciones en el tránsito

Un artículo publicado en este diario da cuenta de que en el país existen seis instituciones que se encargan de regular el tránsito y el transporte  en el Gran Santo Domingo, pero no se articulan para hacer del transporte un servi

Un artículo publicado en este diario da cuenta de que en el país existen seis instituciones que se encargan de regular el tránsito y el transporte  en el Gran Santo Domingo, pero no se articulan para hacer del transporte un servicio público organizado y eficiente. El artículo menciona entre esas entidades a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) y  la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) todas creadas por decretos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no menciona entre esas instituciones a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, que la ley les confiere organizar el tránsito y el transporte en sus territorios.  
En materia de tránsito y transporte, la Ley 176-07 en su  artículo 19,  literal n, establece entre las competencias de los ayuntamientos ordenar y reglamentar el transporte público urbano, con lo que queda claramente establecido que la autoridad para organizar ese servicio debe ser el municipio. Sin embargo, el desorden que ha imperado en el sistema es lo que ha provocado que desde el Poder Ejecutivo se creen dependencias que lejos de ordenar lo que han hecho es fomentar el caos, porque no tienen manera de articularse y nunca podrán hacerlo porque la ley no los ampara.

El transporte público es un servicio vital para el desarrollo de todas las naciones del mundo, y que por ello debe contar con normas y procedimientos claros que rijan su oferta y  demanda, por lo que el legislador fue sabio cuando deja esa competencia a las alcadías, porque es el gobierno local que debe conocer en qué lugares deben ser colocadas las paradas de autobuses, a quienes se pueden otorgar permisos para operar rutas y poner reglas claras a los operadores. Lamentablemente, la falta de institucionalidad y el irrespeto a las leyes es lo que ha fomentado que el tránsito y el transporte público de pasajero operen como chivos sin ley, sin importar que existan muchas instituciones creadas para esos fines.

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