Dos militares están apostados en la cabecera del puente Juan Pablo Duarte, del lado del Distrito Nacional, con el fin de evitar más robos de metales.
Desde inicios del mes de junio, cuando el Ministerio de Obras Publicas decidió actuar ante la amenaza que implicaba para el puente el robo de sus cables y otras piezas metálicas, se informó que técnicos extranjeros se encargarían de evaluar los daños que sufrió la infraestructura por el hurto de sus partes, para su posterior reparación.
Las primeras valoraciones realizadas constataron que fueron robadas 16 piezas del lado norte y 8 del lado sur, dejando al puente sólo 16 de las 40 que debe tener para soportar todo su volumen de tráfico.
El entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, informó posteriormente que la evaluación completa, sin cuantificar cuánto costarían las piezas sustraídas, costaría al Estado unos US$150 mil. Días después, se anunció la instalación de cámaras de seguridad para proteger el puente que comunica el Distrito Nacional con Santo Domingo Este.
Sin embargo, la maleza crece en la cabecera del Juan Pablo Duarte, y deja al descubierto que no se ha hecho lo prometido para arreglar la infraestructura.
Aún se puede observar que, del lado oeste del puente, los pedazos de cable que quedaron, se mantienen en el aire desde hace ya más de tres meses.
Costo estimado
Los especialistas procedente de Serbia que fueron contratados por Obras Publicas para levantar las estimaciones de lo que seria la reparación de la obra, valoraron que podría tardarse varios meses y costarle al Estado US$1.5 millones, aproximadamente.
La exportación de desperdicios metálicos es un negocio millonario en dólares. Mientras el hurto de estas piezas de las estructuras viales constituye una amenaza para la seguridad ciudadana por posibles colapsos.
