Austeridad, una “carta” de presentación gobiernos RD

Durante las últimas tres décadas todos los gobiernos que se instalan o reinstalan han adoptado medidas de austeridad, las cuales se han…

Durante las últimas tres décadas todos los gobiernos que se instalan o reinstalan han adoptado medidas de austeridad, las cuales se han aplicado con mayor nivel de cumplimiento en la parte salarial de la administración pública.

Fuera de la reducción o congelamiento de sueldos, las demás medidas de ahorro que han dispuestos los gobiernos que se han sucedido desde el 1982 han sido de alcance limitado.

En los años 1982, 1986,1994, 1997, 2000,2004, 2008 y en el actual 2012 se han anunciado programas de austeridad, los cuales han tenido a los servicios personales, que incluyen sueldos y otros gastos vinculados, como el eje principal.

Los sueldos, por lo regular han sido rebajados o congelados temporalmente, constituyendo la parte más fácil de aplicar y de resultados más tangibles, en los distintos programas de austeridad, algunos de los cuales han sido decretados dentro de las primeras medidas de la toma de posesión y otros en los primeros días de gobierno.

El inicio

El 16 de agosto del 1982, Salvador Jorge Blanco se estrenó con un plan de austeridad que incluyó la reducción de su sueldo en un 40%, llevándolo a RD$3,000 de RD$5,000 que devengaba su antecesor, Antonio Guzmán Fernández. Todos los sueldos mayores de RD$375 al mes fueron incluidos en forma escalonada.

En su “plan de emergencia de recuperación nacional”, el gobierno de Jorge Blanco dispuso que ningún sueldo (exceptuando el del Presidente  y Vicepresidente de la República que fueron rebajados a RD$3,000 y RD$2,250 respectivamente) fuera superior a RD$2,225. Este nivel le correspondía a los secretarios de Estado. Estableció, asimismo, que los gastos de representación a los funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente y Vicepresidente, no excedieran el 20% del sueldo, debiendo en todos los casos ser justificados.

Suprimió todas las demás asignaciones que se les concedían a los funcionarios, como pago de cuotas a clubes sociales, tarjeta de crédito o cargo a cuenta de los departamentos, por gastos personales de los funcionarios o sus familiares, asignaciones para gasolina y pagos por utilización de sus vehículos.

Las economías producidas por esas medidas quedarían “inmovilizadas en las respectivas apropiaciones hasta tanto se disponga el uso a que van a ser destinadas”, estableció el decreto que las intuyó, el número 23.

La austeridad en ese período gubernamental incluyó otras partidas de gastos corrientes, las cuales tuvieron un cumplimiento relativo. Paralelamente, el Gobierno anunció un amplio y ambicioso programa para construir 5,000 viviendas, y posteriormente creó numerosas dependencias que el Gobierno que le sucedió consideró redundantes, como Promoción de la Mujer, Bienestar de la Mujer, Bienestar de la Madre y el Niño y Promoción de la Juventud. El amplio programa de viviendas no se cumplió y las unidades iniciadas, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) quedaron sin concluir, estatus que conservaron por varios años.

La nueva iniciativa de austeridad gubernamental la aplicó en 1986 el doctor Joaquín Balaguer, quien al retornar a la Presidencia de la República dispuso un congelamiento de los sueldos de los servidores públicos y la suspensión temporal de la publicidad oficial. Para pagar la nómina de agosto del 1986, el Gobierno tuvo que tomar un préstamo de RD$25 millones, según dijo en esa ocasión la entonces secretaria Administrativa de la Presidencia, Minú Torres.
Las medidas de ahorro de la ocasión abarcaban la cancelación de miles de empleados y la supresión de entidades estatales.

Las nuevas manifestaciones de austeridad en la segunda época de los gobiernos de Balaguer se produjeron en el 1994, cuando, a pocas semanas de haber sido reelecto para el período que fue recortado a dos años, el mandatario dispuso la suspensión de nuevos nombramientos y de gastos no contemplados en el Presupuesto. El plan de entonces buscaba eliminar un elevado déficit que afectaba las finanzas públicas, el que, según las informaciones de la época, ascendía a RD$1,112 millones. Ese año el Gobierno ejecutó un presupuesto de RD$20,733 millones, equivalente al 89% del programado.

El tema de austeridad volvió a ser tratado en mayo del 1997, en el primer período de gobierno de Leonel Fernández. El congelamiento de nombramientos fue el elemento fundamental de las nuevas medidas de ahorro en el Gobierno, porque, según explicó el entonces secretario administrativo de la Presidencia, Diandino Peña, el gasto en sueldos públicos se había disparado de RD$400 millones al mes a RD$900 millones.

Tres años más tarde, el Gobierno que encabezó Hipólito Mejía se inauguró con un plan de austeridad de cuatro meses, que incluyó la rebaja de sueldos a los funcionarios, eliminación de los celulares y la supresión de gastos “innecesarios”.

Se prohibieron las cenas y los almuerzos «superfluos».

Los programas de HM, LF y DM

Tres años más tarde, el Gobierno que encabezó Hipólito Mejía se inauguró con un plan de austeridad de cuatro meses, que incluyó la rebaja de sueldos a los funcionarios, eliminación de los celulares y la supresión de gastos “innecesarios”.Se prohibieron las cenas y los almuerzos “superfluos”. El programa abarcó la creación del “Fondo de Lucha Contra la Pobreza”, el cual se nutriría principalmente de un recorte de un 10% de los salarios de los altos funcionarios, incluido el del Presidente, que fue rebajado de RD$90,000 a RD$70,000. Al regresar a la Presidencia, en agosto del 2004, el doctor Leonel Fernández acordó un plan que reduciría en un 20% la nómina pública y eliminaría el subsidio a la electricidad y al GLP de uso industrial.

El número de empleados públicos volvería al nivel que existía el 16 de agosto del 2000. Y Danilo Medina, una semana después de asumir la Presidencia, anunció un programa de austeridad basado en ahorros en gastos complementarios a los sueldos. También estableció un Código de Pautas Éticas, que al parecer busca ahorros públicos obligando al buen manejo de los fondos estatales.

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