Reino Unido está estudiando medidas fiscales que podrían aplicar cargos penales a los trolls de Internet que creen perfiles falsos para acosar a otros.La Fiscalía de la Corona (CPS, en inglés) defiende que los adultos deberían ser acusados en caso de usar identidades falsas en las redes sociales para acosar a otros usuarios. Estas medidas también incluirían la persecución de publicaciones indecentes, gravemente ofensivas o falsas que puedan causar angustia o ansiedad a la víctima.
El director fiscal Alison Saunders afirmó que es “vital” que los jueces tengan una visión más amplia cuando busquen pruebas y examinen el patrón de conducta del acusado tanto en Internet como fuera de línea.
“El abuso en línea es cobarde y puede resultar muy molesto para la víctima”, apuntó Saunders. Las cuentas falsas pueden ser utilizadas por aquellos que se hacen pasar por sus víctimas para publicar mensajes o fotografías embarazosas, o bien para dirigirse a alguien sin que puedan ser identificados.
Estos impostores crean cuentas falsas para desacreditar a sus exparejas y al mismo tiempo atraer a otras nuevas, una práctica conocida como catfishing. Los estafadores también crean perfiles en la red profesional LinkedIn, en un intento de recolectar detalles personales de usuarios legítimos.
El Servicio Fiscal de la Corona aconseja a sus magistrados que estén preparados para aplicar cargos de acuerdo con las leyes existentes si un caso encaja dentro de una de las tres categorías que señalan. Por un lado, cuando una actividad en línea conlleva una amenaza creíble a un individuo; cuando alguien está siendo blanco de acosos, del llamando “porno vengativo” o de un comportamiento coercitivo por exparejas o miembros de la familia, y en aquellos casos que acaban en infracciones por orden judicial. Sin embargo, también presenta situaciones menos serias en las que las persecuciones deberían formar una cuarta categoría: cuando una identidad falsa se emplea para publicar mensajes crueles, por ejemplo información falsa que podría causar ansiedad al afectado. Los fiscales apuntan que, sobre todo en esta categoría, la decisión de acusar a alguien debe pesar sobre la necesidad de defender la libertad de expresión, incluido el “chismorreo”, y “la publicación de opiniones impopulares”.
