Bonao, Monseñor Nouel.– La fiscal titular de Niños, Niñas y Adolescentes de esta provincia, magistrada Glenny García, recibió este miércoles a la licenciada Leyda Paloma Santos, quien acudió a expresar sus inquietudes respecto a una intervención realizada recientemente por miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el distrito municipal de Juma Bejucal.
La reunión contó además con el seguimiento de la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, a través de su Departamento de Inspectoría, y de la Subdirección de Investigaciones Criminales, encabezada por el coronel Tapia, con el objetivo de dar respuesta institucional a los señalamientos realizados y garantizar que los hechos sean esclarecidos de manera transparente.
La denuncia pública surge a raíz de un operativo relacionado con la localización de Lesaviel Tirado Díaz, alias “Tato”, de 34 años, quien figura en un video ampliamente difundido en redes sociales mientras presuntamente manipula un arma de fuego junto a otra persona. La licenciada Santos alegó que durante dicha intervención los agentes habrían ingresado a su vivienda donde se encontraba su hija menor de edad.
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Sin embargo, durante el encuentro, la magistrada Glenny García destacó la importancia de que toda denuncia esté respaldada por elementos objetivos que permitan sustentar los hechos denunciados. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no han recibido evidencias audiovisuales, testimoniales o documentales que confirmen que agentes policiales hayan ingresado a la residencia donde se encontraba la menor o que la misma haya sido interrogada durante el desarrollo de la intervención.
La representante del Ministerio Público manifestó además su preocupación por las reacciones generadas en las redes sociales en torno al caso. Diversos usuarios han emitido opiniones encontradas sobre la situación, incluyendo cuestionamientos dirigidos tanto a la actuación policial como a la propia denunciante.
Entre los comentarios más recurrentes figura el señalamiento de que una menor de edad habría permanecido sola en la vivienda, aspecto que algunos ciudadanos consideran debe ser igualmente examinado por las autoridades competentes conforme a las disposiciones establecidas para la protección de niños, niñas y adolescentes.
No obstante, la magistrada enfatizó que tanto los señalamientos contra los agentes actuantes como cualquier otra circunstancia relacionada con la protección de la menor deben ser analizados con responsabilidad, objetividad y apego a las evidencias, evitando juicios anticipados.
Por su parte, el Departamento de Inspectoría de la Dirección Regional Cibao Sur informó que mantiene una investigación exhaustiva sobre el accionar de los miembros policiales que participaron en la intervención, a fin de determinar con exactitud si se produjo alguna actuación contraria a los protocolos institucionales.
De igual manera, el coronel Tapia reiteró la disposición de la Subdirección de Investigaciones Criminales de colaborar plenamente con las investigaciones y aseguró que cualquier resultado derivado del proceso será manejado con transparencia y conforme a lo que establezcan los hechos y las evidencias recopiladas.
Las autoridades coincidieron en que el propósito de la investigación es determinar la verdad de los acontecimientos, garantizando el respeto a los derechos de todas las partes involucradas y actuando únicamente sobre la base de pruebas verificables.
