Brasilia. El Senado brasileño instaló una comisión especial que decidirá si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político por unas maniobras contables que maquillaron los resultados del Gobierno en 2014 y 2015.La comisión tendrá 21 miembros, cuyos nombres fueron confirmados ayer, y durante los próximos diez días deberá elaborar un informe sobre el asunto, que luego irá a votación en el pleno del Senado. Si el pleno aprueba la apertura del juicio político por mayoría simple entre sus 81 miembros, lo cual puede ocurrir alrededor del 10 de mayo, Rousseff será obligada a separarse de su cargo mientras dure el proceso, que tendrá un plazo de 180 días.
En ese caso, Rousseff será sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegara a una destitución.
La relación entre Rousseff y Temer está completamente rota y la mandataria ha asegurado que su vicepresidente es “uno de los jefes” de una “conspiración” que supuestamente intenta recortar su mandato. El vicepresidente ha negado que trabaje por la caída de Rousseff, pero en las últimas semanas ha mantenido constantes consultas con personalidades de la política y la economía, al parecer con miras a lo que pudiera ser su eventual gobierno.
La comisión fue constituida en forma proporcional, en función de los escaños que cada fuerza política tiene en el Senado. El mayor número de miembros (cinco) recayó en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría con 18 senadores y liderado por Temer. El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tendrá tres miembros, igual que el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff y que articula las fuerzas oficialistas, que parecen estar en minoría en la comisión de senadores.
Brasil, abrumado por caso de Presidenta
Una nueva encuesta difundida el lunes muestra que el pueblo está abrumadoramente a favor de una renuncia hipotética tanto de Rousseff como de Temer, seguida de nuevas elecciones presidenciales. Poco más del 60% de los entrevistados respondieron que ése sería el mejor escenario para salir de la crisis, pese a que la Constitución brasileña no estipula dicha solución.
