El pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), de que se amplíe la base tributaria y se reduzcan las exenciones fiscales, es el cobro del remanente de una deuda que data del 2009, cuando el país se acercó al organismo para firmar un acuerdo stand-by.En las distintas cartas de intención que el país envió al FMI, como requisito para firmar y mantener el acuerdo a 28 meses y unos US$1,700 millones de financiamiento, el tema de la racionalización y límite de las exenciones fiscales estuvo presente.
Aunque se tomaron medidas administrativas y legislativas en el área fiscal, el alcance no llenó las expectativas del FMI, a juzgar por los planteamientos que ha hecho en los diferentes informes posteriores a sus visitas de revisión.
Cuando se firmó el acuerdo en noviembre del 2009 y que finalizó en febrero del 2012, dejando pendiente de desembolso el último tramo de financiamiento, por US$500 millones, el Fondo hacía una revisión trimestral, como condición para continuar el programa y el correspondiente desembolso. Concluido el programa, como el financiamiento otorgado al país superaba la cuota ordinaria a que tenía derecho la República Dominicana, el FMI quedó empoderado para dar un “post monitoreo” mientras quede pendiente deuda de ese acuerdo. Pero por el artículo 1V del Convenio Constitutivo del Fondo, éste tiene autoridad de hacer una revisión anual a cada país miembro.
Revisión ordinaria
La revisión que hizo el FMI a la economía dominicana del 4 al 14 del mes en curso, se inscribe dentro del artículo 1V. El informe rendido el lunes último así lo explica. En ese informe el FMI sugiere al Gobierno dominicano ampliar la base tributaria y reducir las exenciones fiscales, como estrategia para que en un plan de mediano plazo reduzca “más rápidamente las necesidades de financiamiento y reconstruir los colchones fiscales”. Por colchones fiscales se entiende superávit primario, ahorros.
El elemento de las exenciones es consistente en los debates fiscales que se producen en el país en los últimos 10 años, sea por el lado de las relaciones con el FMI o en las discusiones anuales del Presupuesto General de la Nación. Desde la segunda carta de intención para el acuerdo del 2009, que data de marzo del 2010, el país hablaba de diseñar una estrategia para racionalizar y limitar las exenciones fiscales, fortalecer la administración tributaria y modernizar las Aduanas para lograr los objetivos de ingresos a mediano plazo del programa.
En la carta de intención anterior se planteaba el fortalecimiento de la reforma de la administración financiera estatal en cuanto al esquema de diseño y ejecución de la política fiscal que permita la adopción de un marco de gastos de mediano plazo para apoyar la consolidación fiscal y mejorar la administración tributaria. “Esto se logrará por medio de mejorar la legislación relativa a los gravámenes sobre hidrocarburos así como la racionalización de las exenciones e incentivos impositivos; además, el aumento de los ingresos a partir de las reformas estructurales propuestas y una moderada reducción del gasto (especialmente los subsidios a la energía) conducirán a un gradual aumento del superávit primario del sector público consolidado de 1 por ciento del PIB en el año 2011 y de 2 por ciento del PIB en el año 2012 y más allá”, exponía esa comunicación, y planteaba que según esos supuestos, se esperaba que la deuda pública consolidada aumentara de 35% del PIB en el año 2008 a 40% del PIB en el 2011, para disminuir a 35% del PIB en el 2014, y continuar disminuyendo en los años subsiguientes.
En el informe de la reciente visita del FMI, éste plantea que el sector público consolidado registró un déficit de alrededor de 5% del PIB, lo cual elevó el endeudamiento público en torno a 48% del PIB. Explica que ese aumento del endeudamiento es consecuencia de que “el sector eléctrico continúa registrando grandes déficits, y las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central aumentaron como resultado de menores transferencias del Gobierno”.
Además de las promesas de mejoras en el área tributaria hechas en el período del acuerdo, en noviembre del 2012 el Gobierno entrante hizo una reforma tributaria cuyo alcance inicial fue proyectado en unos RD$55,000 millones anuales, pero que por modificaciones al proyecto original, el rendimiento quedó en algo más de la mitad. Diez meses antes se había hecho otra reforma con un alcance cercano a RD$10,000 millones, con algunos impuestos transitorios.
Previamente se tomaron, en el período del acuerdo, medidas que estaban llamadas a mejorar la eficiencia recaudatoria, principalmente por el lado de las Leyes 112-00 sobre Hidrocarburos y 557-05, en su artículo 23, que crea el impuesto selectivo ad-valorem a los hidrocarburos para mejorar los procesos de recaudo, transparentar el cálculo del precio de paridad, racionalizar las exenciones y traspasar la administración del impuesto a la DGII. Por esos cambios, el Gobierno de entonces proyectaba incrementar los ingresos tributarios en 0.2% del PIB.
Por el enfoque del último informe del FMI, parece que las reformas tributarias de los años 2011 y 2012, y las medidas administrativas sobre las exenciones, han dejado espacio por llenar.
