Por qué razón los empleados y trabajadores que nos acogimos a la Ley de Seguridad Social confiados en un retiro alimentado mensualmente con parte de nuestros salarios y los aportes de las empresas, tenemos ahora que aceptar que parte de esos fondos se desvíen al financiamiento de una institución gubernamental, el Banco de Promoción de Exportaciones (BANDEX), cuya suerte de antemano está sellada, tal como ya ocurriera con el extinto Banco de los Trabajadores, fraudulentamente quebrado varias veces hace años sin que nadie, absolutamente nadie, diera explicación alguna? ¿A dónde fueron a parar entonces los ahorros de los trabajadores? ¿Quién garantiza que esos recursos, que drenarán los fondos de pensiones y sentarán un precedente para futuras enajenaciones de los mismos, no correrán idéntica suerte?
¿Quién será el garante? ¿El gobierno? Por Dios, respetémonos. ¿El Congreso, cuyos miembros hacen uso discrecional de dinero del Presupuesto Nacional que ellos se han agenciado en franca violación al principio ético y a la ley que prohíbe legislar en provecho propio? ¿Los funcionarios que el Poder Ejecutivo designe para administrarlo provenientes de su propio partido o de aliados políticos electorales? ¿Es un chiste? ¿Por qué los líderes sindicales, tan celosos de los salarios de los trabajadores, han guardado silencio frente a este intento de expropiación de fondos privados? ¿Les han prometido formar parte del consejo de administración del BANDEX?
Ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen derecho a disponer de fondos que no son suyos, sino privados, y de hecho ya los afiliados a ese fondo han sido castigados por una resolución de la Superintendencia de Pensiones, regida por un político comprometido con la permanencia definitiva de su partido en el poder, que establece escalas de pensiones que condenan a los afiliados a una vejez desoladora. ¡Digamos no a ese esperpento!
