En la República ha surgido un movimiento espontáneo, claramente espontáneo, que percibe que los términos originalmente contratados entre el Estado y la empresa Barrick Gold resultan lesivos al interés nacional, lo que adquiere cierto dramatismo si observamos los graves problemas que confrontamos en medio de la incertidumbre de la economía global.
Generosamente, por no utilizar otra palabra, el gobierno nacional y el Congreso, aceptaron un contrato modificado a petición de esa empresa a la luz de la crisis económica de 2008. Fue una muestra del empeño de las autoridades para que la inversión se realizara. También hay que reconocer la capacidad persuasiva de los negociadores de la Barrick de esa época. Pero la situación ha cambiado y esa compañía debe ser la primera en entenderlo.
Lo que viene siendo un reclamo de los medios de comunicación, de algunas expresiones de la sociedad civil y de la política, se está convirtiendo en un clamor de la Nación. ¿Qué debe hacer una empresa inteligente en medio de este proceso, en el que apenas se pide una revisión y una justa renegociación?
Aunque no somos consejeros de la Barrick, nos atrevemos a sugerir que escuche las voces, que comprenda que la realidad ha cambiado, y que la Nación requiere otro nivel de participación en los ingresos que ya está percibiendo. Es verdad que la Barrick tiene sus derechos. El país se los garantiza, pero no se puede llevar toda la riqueza de Pueblo Viejo. La participación del Estado debe ser mayor.
Caería muy bien que la empresa anuncie formalmente que está lista para sentarse a hablar con las autoridades. Sería un gesto plausible. El gobierno también debe ser proactivo. Podría invitarla a conversar. No puede hacerse el ausente y dejar que sean sólo el Congreso y la ciudadanía quienes lleven sobre sus hombros los justos reclamos nacionales.
