Alarmados, ayer denunciamos la instalación de una carpa al borde de la avenida Luperón. Una tienda autorizada en un área sensible, que ya ha sido convertida en un arrabal, en el kilómetro 9 de la carretera Duarte. Era una agresión intolerable contra el ornato de la ciudad.
Satisface que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO) haya atendido la publicación de elCaribe y verificara y ordenara el desalojo del negocio. La empresa había recibido una autorización para instalarse, pero según el municipio, se excedió.
Pero la verdad es que se fue muy lejos. En forma alguna la alcaldía debió autorizar una “tienda”, un bazar en un espacio tan sensible que de por sí está degradado.
La ocasión es oportuna para que las autoridades de ASDO, el Distrito Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte (OPRET) elaboren una política conjunta de manejo de un territorio donde confluyen esos tres entes del Gran Santo Domingo.
En el distribuidor del 9 se ciernen amenazas sobre partes no invadidas, bajo ocupación de transportistas, que todavía no han sido arruinadas.
Debe definirse un plan para el área, ya como pulmón verde o como parque de desahogo.
Robos en allanamientos
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, lo dijo sin tapujos: “Lo que sí yo digo es que sea 10 pesos o 50 millones, ningún policía tiene derecho a coger un reloj y metérselo en el bolsillo y coger bienes. Nadie tiene derecho a eso y algún día en este país, eso tiene que acabarse”.
El procurador hablaba de las apropiaciones que los policías (y hasta fiscales) ejecutan durante los allanamientos. También ocurre durante embargos, generalmente abusivos. Otras veces francamente ilegales, donde uniformados se confabulan con abogados mafiosos.
Esa cultura, ese proceder, como bien dice Domínguez Brito, debe desaparecer. Él puede jugar un papel extraordinario en ese propósito. ¡Proceda! Claro, necesita la colaboración de la jefatura de la Policía Nacional.
