El Poder Ejecutivo acaba de promulgar una ley autorizando al Banco de Reservas a financiar hasta un monto de mil millones de pesos el pago del salario de Navidad de los ayuntamientos del país, así como de algunas instituciones descentralizadas.
Esto evidencia el mal manejo de nuestros ayuntamientos, que de manera irresponsable no realizan las debidas provisiones que todos los empleadores deben hacer para fines de pagar este salario y no lo van a hacer nunca, pues todos los años les permitimos endeudarse a estos fines. No solamente estos ayuntamientos gastan casi la totalidad de su presupuesto en salarios, sino que burlando todo el ordenamiento legal emplean más personas de las que se requieren y de las que pueden asumir. Por eso a pesar de que se dictó una conflictiva ley de amnistía para que todos los ayuntamientos pudieran ingresar al Sistema Dominicano de Seguridad Social, muy pocos están en el mismo pues alegan que no tienen fondos para pagar.
A pesar del mandato expreso de la Ley de Seguridad Social sobre el acceso al sistema de salud a través de un primer nivel de atención, la decisión política de las autoridades de iniciar el seguro familiar de salud violentando por resolución este mandato para complacer a médicos y clínicas; ha puesto en serias dificultades el equilibrio financiero de este seguro a apenas 4 años de su inicio.
Luego de incesantes reclamos del sector empresarial, las autoridades se dieron cuenta de la necesidad de implementar el modelo de la atención primaria y finalmente se logró dictar una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social para decidir su inicio en mayo de 2012. En el fragor de esta campaña política, autoridades del Gobierno se reunieron con los prestadores, quienes ya se sintieron empoderados para anunciar una posposición del mandato legal, lo que de ningún modo debería aceptarse.
Lamentablemente, cuando los intereses políticos se interponen frente al interés general, se producen graves distorsiones. Hemos permitido que nuestras autoridades patrocinen no solo un modelo clientelista, sino de malacrianza, que promueve que muchos se entiendan con el derecho de incumplir la ley, pues otros les sacarán las castañas del fuego.
Como también permitiremos que la selección de los integrantes de los máximos tribunales del país se haga a la merced de los intereses políticos como si se tratara de la repartición de un botín, a pesar del simulacro de transparencia de unas entrevistas televisadas que para nada aseguran una selección objetiva.
El resultado de la composición del Tribunal Superior Electoral deja entrever que los intereses políticos primarán ante los criterios racionales en la selección que hará el Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta que no cambiemos el concepto de que los organismos del Estado son un botín para repartir y de que las leyes no se aplican a los intocables políticos cuyas malas acciones carecen de consecuencias, poco cambiará nuestro Estado y lamentablemente poco avanzaremos como país.
