He leído el editorial del 4 de abril de 2016, de elCaribe bajo el título “Brasil”. Quiero expresar mi identificación con la genuina preocupación por el “drama actual” de Brasil, así como con las motivaciones que lo llevan a “desear que el orden institucional no sucumba, y que no se produzca “una interrupción de un período constitucional, antes del tiempo previsto”.
A mi entender, la confluencia de factores de índole nacional e internacional, entre los que cabe destacar la alianza y acción conjunta de sectores monopólicos tradicionales de la gran prensa brasileña, de figuras y sectores del Poder Judicial y la Policía Federal; así como, de la articulación de un frente de partidos y movimientos de ultraderecha y derecha, interesados en derrumbar a la presidenta Dilma Rousseff, inhabilitar y humillar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y criminalizar al Partido de los Trabajadores (PT) sirven de caldo de cultivo político a una situación económica difícil y a una drástica reducción de la popularidad del gobierno electo en octubre de 2014.
Lo que sí es más que evidente, señor director y amigo, es el interés y empeño de sectores retardatarios de los poderes públicos, los mass media y de la Policía Federal y el Ministerio Público, en llevar al expresidente Lula al banquillo de los acusados; propósito que no se ha podido hacer realidad debido a que el ciudadano Lula siempre ha actuado dentro de la ley, antes, durante y después de ser Presidente de la República Federativa de Brasil.
Hasta la fecha, el expresidente Lula no responde a ninguna demanda judicial que lo acuse por haber cometido algún delito. La denuncia presentada contra él, por tres fiscales del Estado de Sao Paulo, notoriamente facciosos, a partir de una investigación considerada ilegal por el Consejo Nacional del Ministerio Público, no fue acogida por la Justicia; por lo tanto, no existe demanda, ni reo.
En su dilatada trayectoria de hombre público, la vida del expresidente Lula ha sido escudriñada desde todos los ángulos: política, fiscal, financiera e incluso personal. Ninguna cuenta bancaria, ninguna empresa, ninguna delación; nada vincula a Lula con los desvíos investigados en negocios millonarios, que incluyen pozos petroleros, buques, sondas, refinerías, y que son parte de la llamada Operación Lava Jato.
El ciudadano brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva entró y salió de la Presidencia de la República con el mismo patrimonio inmobiliario que había adquirido durante toda su vida de trabajo, desde que era un niño. No oculta, no evade impuestos, no tiene cuentas bancarias en otros países, no registra bienes a nombre de otras personas, ni de empresas en paraísos fiscales. Lula no tiene apartamentos de lujo, mansiones de playa, haciendas de ganado o dirección en el extranjero.
Eso sí, Luiz Inácio Lula da Silva tiene un patrimonio que ningún otro líder en su país puede igualar: la gratitud y la confianza del pueblo brasileño; a lo que habría que agregar también: la admiración, el afecto y la solidaridad de sus amigos y amigas, sus compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo.
Apreciado señor director y amigo, en lo que corresponde a la petición en curso de “impeachment” a la presidenta Dilma Rousseff, debe saberse que quienes encabezan esa campaña son los parlamentarios de los partidos de oposición, derrotados en las urnas en octubre de 2014. Entre sus más fanáticos y furibundos patrocinadores está el actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dueño de cuentas secretas millonarias en Suiza y otros paraísos fiscales, y quien recibiera más de 52 millones de reales, de funcionarios corruptos de Petrobras, y que más de la mitad (37) de los 65 integrantes de la comisión de diputados que analiza la petición de “impeachment”, está en la mira de la justicia al estar siendo investigados por casos de corrupción.
El pretexto utilizado por la oposición para intentar desalojar a la presidenta Dilma Rousseff del gobierno son las llamadas “pedaladas fiscales”, que no son más que un procedimiento de gestión del presupuesto público, de rutina, en todos los niveles del gobierno federal, estadual y municipal, y que fue aplicado en los mandatos de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, sin ningún problema. Nadie, ni siquiera sus peores enemigos y adversarios, se han atrevido a implicar o acusar a la presidenta Dilma de algún acto de corrupción.
De su parte, la presidenta Dilma Rousseff ha sido categórica en afirmar que: “No cometí ningún crimen previsto en la Constitución y en las leyes para justificar la interrupción de mi mandato. Yo jamás renunciaré. No caben medias palabras; lo que está en curso es un golpe contra la democracia. No pactaré con eso. No renuncio bajo ninguna hipótesis.”
A quienes sentimos legítima preocupación por el desarrollo y desenlace de este drama que se libra en los salones del congreso y los tribunales de justicia, en los campos, las fábricas, universidades y escuelas y que cada día más se traslada a las avenidas y plazas del inmenso territorio brasileño, nos alienta la incorporación masiva y combativa de millares de personas e instituciones que independientemente de su filiación partidaria, sus creencias religiosas o edades, asumen la convocatoria Anti Golpe y en defensa de la democracia por parte del Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo sin Miedo.
En la fuerza de esa multitudinaria movilización ciudadana, que involucra a destacadas personalidades del ámbito de la cultura, la academia y la ciencia, se fundamenta nuestra convicción de que no habrá golpe. La Constitución y las leyes serán respetadas y las conquistas sociales y los derechos políticos democráticos, conquistados desde la proclamación de la Constitución del 1988, serán preservados, ampliados y consolidados.
Por último, apreciado señor director y amigo, le solicito, que luego de la culminación del proceso electoral, en curso en nuestro país, me permita que desde las páginas del prestigioso diario que usted dirige, pueda expresar mis opiniones y puntos de vista sobre los ruidos y silencios, que aquí y en otras latitudes se han registrado alrededor de ese ensayo y experimento de judicialización de la política y que tanto en Brasil y otras naciones de América Latina y el Caribe han sido utilizados como herramientas e instrumentos para, como diría la veterana y bien informada periodista brasileña, Tereza Cruvinel: “Destruir un mito y cerrar un ciclo.”
