El Poder Ejecutivo creó una Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, con el propósito de concederles los documentos definitivos de propiedad a quienes los usufructúan.
No es la primera vez que desde el gobierno se habla de eso. La administración de Bienes Nacionales, en innúmeras ocasiones, ha anunciado “programas de titulación” que nunca logran los objetivos. La realidad es que no ha habido una política ni voluntad en el Estado en esa dirección. Sólo se ha tratado de anuncios y campañas propagandísticas.
A los particulares no les falta deseos para normalizar su situación. Es el Estado que no ha sido diligente, al extremo que no se tiene un registro transparente. En algunos casos no posee documentación alguna.
De modo que la desorganización en esa materia es grave. Incluso, algunas de las agencias públicas con inmensas extensiones de tierra confrontan problemas de sub registro, no tienen documentos y mucho menos títulos que avalen su propiedad sobre los mismos.
Urge la necesidad de inventariar, sanear, mesurar y titular los bienes estatales sobre la tierra. Y más aún, precisar la calidad de algunos concesionados o cedidos a precio de vaca muerta para fines de inversión, sin que se ejecute nada. A la postre se convierten en activos cuyos beneficiarios sólo buscan pingües beneficios mediante transferencias a terceros.
De todas formas, el hecho de que la Presidencia de la República haya decidido impulsar la titulación de las tierras estatales para conceder los derechos a sus ocupantes calificados, es una buena noticia.
La comisión debe obrar con sentido práctico, de modo que las personas no confronten dificultades. Asimismo, tiene que rodear de garantías el proceso, para que los usufructuarios acudan en un ambiente de confianza.
Es necesaria una adecuada coordinación entre los organismos públicos y especialmente una actitud constructiva de la difícil Jurisdicción Inmobiliaria, sin la cual la tarea es imposible.
Con las tierras o viviendas tituladas, las personas tendrán acceso al crédito, sus bienes se revaluarán y las familias tendrán más oportunidades para mejorar la calidad de vida.
