La caída de Dilma Rousseff a consecuencia del proceso que le abrió el Congreso hace inevitable recordar la crisis vivida en Paraguay con el juicio político al presidente Fernando Lugo mediante el cual fue expulsado del poder, hace cuatro años.
Aquella vez, el presidente Lugo recibió apoyo de sus aliados de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que entonces contaba con el aliento del chavismo y del Partido de los Trabajadores de Brasil, bajo la inspiración de Inácio Lula da Silva.
A Rousseff le ha correspondido atravesar su viacrucis en circunstancias más difíciles. La izquierda latinoamericana está de capa caída con el desastre del chavismo en Venezuela; Ecuador en medio de una crisis económica agravada por una tragedia; Bolivia con un Evo Morales a la defensiva después de la derrota del referendo que le imposibilita presentarse de nuevo y la pérdida del poder de los peronistas en Argentina.
El entorno internacional cercano se ha tornado favorable a quienes procesan a una presidenta elegida legítimamente, y a quien no se le ha podido instrumentar un expediente específico por cargos de corrupción. Se le persigue bajo el pretexto de “maquillar” las cuentas públicas, supuestamente para ocultar un déficit fiscal.
La crisis económica de Brasil a partir de la desaceleración de la economía china, más los escándalos en Petrobras, crearon las condiciones perfectas para apartarla del poder en lo que a todas luces sugiere un golpe de Estado congresual del cual el poder judicial no ha sido ajeno, lo mismo que la ultraderecha brasileña.
Lo desconcertante es que una buena parte de quienes procesan a la Presidenta de Brasil aparecen involucrados en los escándalos de corrupción que han estremecido a la sociedad brasileña.
Ahora los golpes de Estado tienen una característica especial: agotan los recursos constitucionales.
Lo terrible es que se instrumente una coartada para derrumbar a quienes ganaron legítimamente el poder político.
En cualquier caso, quienes gobiernan deben definitivamente aprender a practicar de verdad la transparencia y aplicar la tolerancia cero frente a la corrupción.
