La Cámara de Diputados justificó ayer el derecho legal que le asiste para no revelar los nombres de los empleados que figuran en su nómina.En una carta dirigida al director de elCaribe, Osvaldo Santana, la responsable de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados, Catalina Olea Salazar, explica que esa reserva se ampara en su ley y en una sentencia judicial.
A continuación, la carta de Olea Salazar:
Después de saludarle muy afectuosamente, me permito referirle algunos aspectos relativos a la publicación de primera página de la edición de hoy lunes 3 de diciembre de este prestigioso matutino que usted dirige, detallada en la página 7, bajo el título Nómina de Cámara de Diputados es un misterio.
En este informe se omiten datos que hubiesen permitido llevar más objetividad a los amables lectores de este rotativo que desde su fundación se ha caracterizado por publicar informaciones veraces, lo cual le ha permitido ganarse un importante espacio en la opinión pública.
El trabajo no hace referencia -por ejemplo- a la sentencia dada por la Suprema Corte de Justicia del 29 de febrero del año en curso, en la cual se expresa que el derecho de acceso a la información no es absoluto y que admite ciertas reservas y restricciones que requieren acto expreso de autoridad competente, basado en limitaciones al acceso por razones de intereses públicos o privados preponderantes.
Esa sentencia, indica que incluir en la información solicitada por el ciudadano, los nombres y apellidos de los empleados de la Cámara de Diputados con los respectivos cargos y salarios que devengan, permitiría individualizarlos e identificarlos frente al público, por lo que el solicitante debió demostrar como lo exige el artículo 18 de la ley No. 200-04, que la revelación de estos nombres, los cuales realmente constituyen datos personales, se justificaba por la existencia de un interés público real, lo que no se observa en la especie.
Y señala, además, que al ordenar en su sentencia a la Cámara de Diputados que se entregara al solicitante “copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados contentiva de nombres, apellidos, cargos y sueldos”, sin explicar el porqué debían incluirse en esta nómina datos personales de estos empleados, el Tribunal Superior Administrativo invadió, sin justificación alguna, la esfera de la privacidad e intimidad de estas personas, al autorizar revelar informaciones que no son inherentes a su actividad administrativa, sino que son datos personales protegidos por otro derecho fundamental, como lo es el Derecho a la intimidad.
Y este derecho, señor director (consagrado por el artículo 44 de la Constitución) persigue garantizar el respeto a la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio, la correspondencia y los datos de personas, texto que la Suprema Corte consideró fue violado por el Tribunal Superior Administrativo al dictar su sentencia.
Se desconocían así, por demás, las disposiciones adjetivas contenidas en los artículos 17 y 18 de la ley No.200-04, que al regular el derecho de acceso a la información y con la clara intención de modularlo y armonizarlo con otros de los derechos fundamentales, como lo es el de la intimidad, establecen limitantes al acceso a la información cuando la misma persiga la divulgación de datos personales. Esto busca garantizar el derecho a la privacidad, protegiendo las facetas de la personalidad de los y las ciudadanas, lo que no fue tutelado ni resguardado por dicho Tribunal al dictar su decisión. De esta manera este organismo incurrió en las violaciones denunciadas por esta Cámara de Diputados.
Lamentamos, don Osvaldo, que el periodista que hizo la publicación en el prestigioso matutino bajo su dirección no se haya percatado, por demás, de que todos estos datos, contenidos en la sentencia, están publicados en nuestra página web (www.camaradediputados.gob.do), en el menú “Transparencia”, submenú “Recursos Humanos”.
Finalmente, queremos reiterarle nuestra disposición de que estamos permanentemente a la orden de los medios que, como el que usted dirige, apuestan cada día a una nación más democrática y para la cual la transparencia juega un papel de primer orden.
Cordialmente,
Catalina Olea Salazar,
Responsable de Acceso a la Información (RAI). l elCaribe
