Están en su legítimo derecho aquellos políticos que entienden reúnen las condiciones para ser presidente de la República y que por lo tanto deben comenzar a buscar la candidatura en sus organizaciones políticas. Desde hace algunos meses, varios dirigentes de los partidos mayoritarios han comenzado su carrera proselitista. Esto lo hemos visto principalmente en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aunque no escapan otros partidos como el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC).
Además de los presidenciables, otros dirigentes políticos han manifestado su disposición a optar por cargos a nivel del Congreso y los ayuntamientos.
Esto no fuera ningún problema, si las aspiraciones se expresaran dentro de los partidos políticos, desarrollándose competencias internas para definir las candidaturas que serán presentadas al país. Lamentablemente esto no sucede así, pues las campañas internas se constituyen en campañas nacionales que involucran y afectan a toda la sociedad. A dos años y ocho meses de las elecciones del 2016, en distintas carreteras del país ya se pueden observar afiches y vallas de aspirantes a precandidatos de varios de los partidos políticos.
Esto se podría estar intensificando en las próximas semanas, en la medida en que nuevos aspirantes salgan al ruedo. Es preocupante que desde ya estemos viendo signos de lo que será una campaña electoral totalmente extemporánea.
Todo indica que nueva vez tendremos un proselitismo político excesivamente largo, el cual no solo saturará a los ciudadanos, sino que distraerá una parte importante de la energía institucional del país. Las campañas largas elevan los costos de la política, pues se requiere de sumas millonarias para ser invertidas en propaganda y publicidad durante un periodo prolongado de tiempo. Acaso se nos olvida que uno de los propósitos de unificar las elecciones, a partir de la reforma Constitucional del 2010, fue precisamente el de evitar que estuviéramos todo el tiempo en campaña. La Junta Central Electoral deberá intervenir desde ya en este tema y abandonar la postura pasiva que siempre ha mantenido frente a las violaciones de los partidos, antes y durante las campañas electorales. La Constitución establece claramente que la JCE tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Esto se hizo con el propósito de garantizar procesos electorales libres y transparentes. El órgano electoral deberá enviar señales claras de que no permitirá que se proceda de espalda a la ley e impedir que siga cobrando fuerza una campaña electoral realizada a destiempo. Es momento de actuar con firmeza.
