La Junta Central Electoral (JCE) acaba de anunciar que el próximo 15 de febrero dictará la proclama que declarará abierto el período electoral, a pesar de que existe una campaña desde que finalizaron las elecciones congresionales y municipales en mayo de 2010; e iniciaron los aprestos reeleccionistas así como las primarias de los partidos.
Esta larga y costosa campaña que desvía fondos que debieran utilizarse para educación u otros importantes propósitos y concentra indebidamente la atención de funcionarios públicos en temas ajenos a sus funciones, en poco contribuye a que los votantes adquieran un mejor conocimiento de los candidatos, sus ideas y lo que ha sido su hoja de vida.
En democracias desarrolladas como por ejemplo las de Estados Unidos de América y Francia, que celebrarán igualmente elecciones presidenciales en este año 2012, los candidatos a dirigir las naciones más importantes del mundo se eligen apenas unos meses antes del torneo electoral; con la diferencia que durante ese relativamente corto período se conoce mucho sobre la vida de esos candidatos que deben someterse a debates y se ven forzados en ocasiones a abandonar sus ambiciones, como fue el caso de Dominique Strauss Khan en Francia, o a informar sobre sus declaraciones de impuestos, como aconteció con Mitt Romney en los Estados Unidos.
A pesar de que en nuestro país los dos principales candidatos han ocupado distintas posiciones públicas y otras privadas, poco o nada se hurgará sobre su patrimonio, el pago de sus impuestos y sobre cómo contrastan sus promesas de campaña con sus actuaciones anteriores.
La JCE ha preferido siempre lavarse las manos diciendo que no tiene cómo regular las campañas electorales a pesar de que la Ley 275-97 es clara al definir el período electoral de 90 días y la igualdad de acceso a medios de divulgación; lo que ha cobrado especial importancia desde que en el 2003 el Estado quedara a cargo de una red de medios como consecuencia de los fraudes bancarios.
La Ley Electoral también faculta a la JCE para tomar medidas contra las agrupaciones políticas que realicen campañas que atenten contra la decencia y la dignidad de los partidos o sus candidatos, es decir, campañas sucias.
Sin embargo, la JCE prácticamente no ha usado estas facultades. Más aún, la Constitución vigente dispone que la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad” y “transparencia en la utilización del financiamiento”; otorgándole incluso facultad para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”; lo que a todas luces la JCE no ha tenido interés en cumplir.
Y es que mientras los miembros de la JCE actúen movidos por intereses políticos y no por compromiso responsable y valiente con su misión, la Ley Electoral y la misma Constitución serán letra muerta y los políticos seguirán despilfarrando miles de millones en campañas electorales sin dolientes que las regulen y con muchas víctimas que las sufran.
