CEFASA y Acción Callejera, como instituciones que trabajamos con migrantes, estamos conscientes de la soberanía de la República Dominicana en el control del flujo migratorio; pero notamos, por un lado, poco esfuerzo para normar las migraciones; mientras, por otro lado, se evidencia la aplicación de mecanismos que violan los derechos fundamentales de los y las migrantes, la Constitución, las leyes y los acuerdos firmados y ratificados por el Estado Dominicano, sin mencionar el respeto a la dignidad humana y la igualdad de todos y todas ante las leyes.
En tal sentido, damos a conocer algunas de las últimas actuaciones realizadas en Santiago de los Caballeros por las autoridades, para que sean analizadas y discutidas por los organismos a los cuales concierne el tema migratorio y por la opinión pública.
El día 26 de junio, a las 4 de la mañana, se realizó un operativo en la comunidad de Hato Mayor, durante el cual fueron invadidas sin autorización judicial propiedades privadas y repatriadas de forma irregular 12 personas (1 mujer embarazada y 11 hombres). Días después del operativo, 5 de las personas repatriadas narraron que miembros de la Policía Nacional, de la DGM y el Acalde Pedáneo se presentaron en las pensiones donde ellos viven, colocaron cintas plásticas amarillas en las puertas y los golpearon. Posteriormente, sacaron a los migrantes de sus hogares, algunos incluso en ropa interior, los despojaron de sus pertenencias (ropa, zapatos, celulares, prendas) y los llevaron a la rotonda para desde ahí trasladarlos a Haití.
En otro operativo realizado el 28 de junio, nuevamente en la comunidad de Hato Mayor de Santiago, fueron expulsados del país 10 niños (muchos de ellos nacidos en la República Dominicana) que estaban en proceso de examen en un colegio de la zona.
Ese mismo día, se llevaron en una redada a 3 menores de edad, que son acompañados por Acción Callejera – Fundación Educativa, uno de ellos dominicano. Los menores, que se encontraban recolectando botellas en el centro de la ciudad, fueron dejados luego en Dajabón.
La semana pasada, repatriaron en iguales condiciones, a otros migrantes de San José y La Mina, Barrio Lindo, Pekín, la Villa Olímpica y Canabacoa. Resaltamos el caso de varios jóvenes que fueron repatriados cuando se dirigían a la Universidad Tecnológica de Santiago, donde cursan carreras universitarias. Estos jóvenes residen de manera regular y legal en el país.
Como resulta frecuente en estos casos, a los pocos días de los hechos los migrantes se encuentran nuevamente en Santiago, lo cual deja ver la ineficacia de los operativos y lleva a preguntar cuál es el verdadero fin de éstos.
Por todo lo expuesto anteriormente, CEFASA y Acción Callejera hacen un llamado a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración, para que se busquen las medidas para dotar de efectividad el artículo 8 de la Constitución Dominicana, en el que se declara como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad.
Así mismo, solicitamos respeto al protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación, firmado por la República Dominicana en 1999, donde se enuncia, entre otras cosas, que las autoridades dominicanas de migración deben evitar la separación de familias nucleares (padres, madres e hijos menores) en los procesos de las repatriaciones; que se deben reconocer los Derechos Humanos inherentes a los repatriados y adoptar medidas concretas para hacer acompañar a los repatriados de sus efectos personales, al mismo tiempo que se comprometen las autoridades dominicanas de migración a entregar a cada repatriado una copia del formulario individual que contiene la orden de su repatriación y avisar en un plazo razonable a las autoridades haitianas para que presten la asistencia consular a sus nacionales. De igual modo, a casi nueve años de la promulgación de la Ley de Migración, es imprescindible poner en práctica el Plan de Regularización contemplado por la Ley.
Esperamos que el Presidente de la República Dominicana se exprese sobre tema migratorio y tome las decisiones necesarias que a las personas migrantes en el país se les respeten sus derechos.
