El gobierno de Colombia se ha atrevido, como debe ser, a abrir un diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), un pecado capital para quienes entendían que el único camino de la paz en ese país se reduce a la eliminación del contrario. La realidad parece sugerir que el camino menos doloroso es la negociación.
La iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos no es la primera. Ya lo había intentado el presidente Andrés Pastrana, en 2000. La administración del presidente Álvaro Uribe no dio tregua a la guerrilla y obró muy convencido de que el camino de la paz tenía que pasar por la derrota total de los insurgentes.
Quizás la experiencia vivida por el presidente Santos como ministro de Defensa del presidente Uribe lo hizo entender que ese no podía ser el camino. El movimiento insurgente establecido hace 48 años tiene sus raíces y aniquilarlo no parecía muy factible. El tiempo ha sugerido la necesaria negociación.
1964, cuando se produjo el levantamiento guerrillero, ya se ha convertido en un pasado remoto. Entonces la juventud latinoamericana vibraba el sentido de los cambios, de la justicia social y la liberación al ritmo de la contagiosa revolución cubana, apenas cinco años atrás. Época de sacrificios e ideales que se quebraron con el fracaso del socialismo bajo la égida de la Unión Soviética.
Vivimos otros tiempos. Probablemente, quienes más desean la paz son los propios miembros de la FARC, y naturalmente la familia colombiana que ha sufrido tanto ese conflicto. Esa violencia que desgarró la vida de un pueblo con tanta vitalidad, creatividad y capacidad para crear riquezas.
Que Santos se haya atrevido al diálogo, con los pies en la tierra, convencido de que el acuerdo para el diálogo “no es ya la paz… es una hoja de ruta”, constituye un acto de valentía, más que el ímpetu de odio de promover la política de tierra arrasada.
Quizás las bases mínimas acordadas, un tanto atípicas, porque no implican un cese al fuego, sean una vía práctica para el propósito mayor: la paz.
