Quizás estemos en el mejor momento para cerrar la Liga Municipal Dominicana (LMD). Es pasar de las palabras a los hechos, en el entendido de que parece que existe una aceptación generalizada de que la misma ya no juega el papel que en sus orígenes le fue asignado.
En el pasado más reciente se hablaba de la necesidad de dar término a esa institución, pero no se había llegado a lo que hoy parece un consenso, incluso entre quienes aspiran a seguir manejándola.
Existe una Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) que no muestra una hostilidad militante a la LMD, quizás por prudencia de su liderazgo, pero que en realidad toda su dirección está persuadida de que la misma ya no es necesaria.
La coincidencia fundamental es que todos entienden que debe evolucionar como un instituto para el entrenamiento del servicio municipal, en el más amplio sentido, de modo que las capacidades de la gobernanza municipal encuentren un asidero más cierto para que los gobiernos locales cumplan mejor sus funciones.
Acerca de esta Liga la realidad es que si “hace algo”, en la práctica ha devenido en una agencia para la colocación de militantes generalmente del partido de la persona que la gobierna. El grueso de los gastos se va en nómina, y de esa nómina, que debe rondar alrededor de 800 personas, más del 60% son innecesarias.
Por eso, prolongar su existencia constituye una grave irresponsabilidad del liderazgo político con poder para decidir su destino. Peor aún, consciente de que no cumple ninguna misión, persista en mantenerla como una ínsula de reparto.
Es vergonzoso que se proclame que “ya es tiempo de que la LMD quede en manos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque siendo mayoría en los municipios debe entonces controlar esa institución y obviamente los puestos”.
¿Qué corresponde a una fuerza que se asume portadora de cambios institucionales en la República? Lo correcto sería que el PLD obre como motor de la transformación de la LMD. Que escoja al último secretario general en enero, con un límite de ejercicio de un año -2017- para empujar la ley de reforma y administrar el desmonte.
