El embajador de Haití en el país, Fritz Cineas, se encuentra en territorio dominicano y desempeña con normalidad las actividades propias de su cargo,después de permanecer durante cuatro días en su país cuando fue llamado a consulta por el Gobierno haitiano tras la sentencia del Tribunal Constitucional que define los criterios para obtener la nacionalidad dominicana por el derecho de suelo.
Una semana después de la publicación del fallo, Haití llamó a consulta a Cineas, quien permaneció por cuatro días en Puerto Príncipe y luego regresó al país, según confirmaron a elCaribe fuentes de la embajada de Haití. El Gobierno del vecino país ha externado preocupación por los efectos que tendría la sentencia 168-13 en los descendientes de haitianos que viven en la República Dominicana.
En ese sentido, el Gobierno haitianoha desarrollado una ofensiva diplomática a nivel internacional, tanto en países como organismos multilaterales, en contra del país. Esa situación ha obligado al Gobierno dominicano a desarrollar una campaña internacional para explicar el contenido de la sentencia 168-13 y los planes para su ejecución que se enmarcan en el respeto a los derechos humanos.
“Si Duarte viviera apoyaría la sentencia”
El presidente del Instituto Duartiano, José Joaquín Pérez Saviñón, se mostró de acuerdo con la sentencia 168-13 y expresó que si el patricio Juan Pablo Duarte viviera hoy en día la apoyaría. Dijo que la sentencia del Constitucional no le quita la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos, sino que le ofrece la posibilidad de obtenerla por medios legales.
“Yo creo que Juan Pablo Duarte estaría de acuerdo, porque sencillamente hay que ayudar a los haitianos, sobre todo a los haitianos que tienen los hijos comiendo galletas de tierra, porque tienen hambre, a los haitianos que no tienen trabajo, a los haitianos que no tienen hospitales, a los haitianos que no tienen escuela, a los haitianos que viven del otro lado de la frontera que son nueve millones y nadie habla de ellos”, observó.
Proponen ley amnistía
La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril 1965 propuso ayer al presidente Danilo Medina y al Congreso Nacional abocarse a aprobar una ley de amnistía que abarque la primera generación de ciudadanos extranjeros que viven en el país desde el 1929 hasta el 2010. “Que esta amnistía se produzca después de que, entre los Estados haitianos y dominicanos, se establezca un acuerdo migratorio y comercial, que, por un lado, garantice que todo nacional haitiano o dominicano que se establezca fuera de su frontera, sea deportado de inmediato hacia su país de origen, y que, por otro lado ofrezca las garantías comerciales necesarias, para que el comercio entre ambas naciones se desarrolle con la normalidad y sostenibilidad que esta actividad demanda”, propone la entidad.
En un comunicado firmado por Andrés Fortunato Victoriá, presidente advitam de esa fundación, y Adriano Viladín Pujols, president ejecutivo, los constitucionalistas expresaron su apoyo al contenido de la sentencia 168-13 que fija los criterios sobre la nacionalidad y rechazó cualquier injerencia extranjera en los asuntos de competencia del Estado dominicano. Una sugerencia similar sobre una posible ley de amnistía hizo recientemente la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en la persona de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Critican que nacionalistas inciten a la violencia
El Movimiento Reconoci.do al emitir un comunicado por el Día de la Constitución, adviritió a las autoridades dominicanas que no consideraran como un hecho aislado cualquier agresión que represente peligro físico para este grupo poblacional de la sociedad dominicana porque públicamente “sectores poderosos del país se prestan a la tarea de financiar y/o patrocinar acciones de apoyo a la sentencia alimentando el odio y el rechazo entre compatriotas”.
Especificaron que esa actitud no contribuye a una solución sensata al drama humano y que por el contrario atenta contra la paz y la tranquilidad del país.
Señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto a República Dominicana en la palestra pública a nivel internacional porque, en pleno siglo XXI, prevalece en el país la xenofobia, el racismo y la apatía de sectores que están llamados a preservar la justicia social, el bienestar general y los derechos de todos los ciudadanos. Juan Telemín, miembro de la organización que trabaja por los derechos de las personas de ascendencia haitiana, llamó a las autoridades a parar la supuesta política de desnacionalización que desarrolla.
“Hacemos un llamado, de nuevo, al TC y a la JCE, a volver a la legalidad, a la constitucionalidad y abandonar el cese de la política de desnacionalización de ciudadanos y ciudadanas, apoyándose solamente sobre la discriminación racial o de origen de los padres”, manifestó el activista.
“Tribunal Constitucional malinterpretó la Constitución”
El abogado y experto en derecho constitucional Eduardo Jorge Prats reiteró ayer sus críticas al fallo 168-13 al considerar que el Tribunal Constitucional malinterpretó la Constitución. “La crítica más importante que se le puede hacer a este fallo, que verdaderamente es un fallo del Tribunal Constitucional, es la crítica que hace la jurisdicción constitucional especializada de lo que es el derecho fundamental a la nacionalidad.
Al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal que se difunde por CDN, el segundo fallo del fallo es que en lugar de hacer una interpretación más favorable a la persona, en este caso a Juliana Deguis Pierre, la interpretación del tribunal es para perjudicar a esa persona”, sostuvo. Señaló como “tercer fallo” que además de a Juliana perjudicó “ a los que no tenían vela es ese entierro”, porque no habían ido al tribunal a reclamar derechos y “eso no se ha visto en ninguna jurisdicción constitucional ya que los tribunales extienden los beneficios de la decisión”. Por último agregó que el “cuarto fallo” es que el TC desconoce el carácter vinculante de la Constitución a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dijo que en el 2005 la Corte dijo que el estatus migratorio de los padres no podía afectar los hijos.
Cristóbal Rodríguez: “El fallo no es sostenible”
Cristóbal Rodríguez consideró que el fallo es “insostenible” desde el punto de vista constitucional porque los jueces del Constitucional hicieron una lectura “muy errada de la Constitución”. “Por eso el fallo de la sentencia 168-13 es insostenible en términos absolutos desde el punto de vista constitucional, es una decisión que infringe por lo menos 17 disposiciones constitucionales”, dijo Rodríguez. Cuestionó al Estado por el hecho de que luego de concederle la nacionalidad dominicana a una persona quiera revocársela o despojarla del derecho que le ha sido conferido. “Esa es una de las cuestiones en que incurre en error el Tribunal Constitucional en las consideraciones para arribar a su decisión”, dijo al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal de CDN.
Surgen grupos a favor y en contra de la sentencia
Desde que se emitió el fallo el pasado 23 septiembre se han organizado varios grupos que integran personas de distintos sectores sociales en defensa de la decisión. Mientras que los que defienden los derechos de las personas de ascendencia haitiana se han activado para condenarlo. De ambos lados se han organizado marchas y concentraciones en distintos puntos del país y espacios públicos, especialmente en el Distrito Nacional.
Cuántos
Inventario La cantidad de personas que resulten afectadas por el fallo será determinada por el conteo de la JCE.
